El gobierno mexicano extenderá hasta el primer o segundo trimestre de 2026 la elaboración del plan de manejo para la Área Natural Protegida (ANP) Felipe Carrillo Puerto, según reveló este fin de semana la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). La demora responde a la necesidad de evitar complicaciones en el litigio internacional contra Vulcan Materials, la trasnacional dueña de la mina Calica, ubicada en el corazón de esta reserva de 53,227 hectáreas.
El anuncio llega meses después de que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajo Alicia Bárcena, prometiera el documento para mediados de 2025. Ahora, las autoridades priorizan consultas exhaustivas para blindar el texto legal.
Entre selvas y piedras
La ANP Felipe Carrillo Puerto, decretada el 24 de septiembre de 2024 por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, protege selvas tropicales, manglares y sabanas en Playa del Carmen, Cozumel y Tulum. Alberga 1,063 especies, incluyendo primates en peligro como el mono saraguato negro y el araña. Sin embargo, el 4.4% de su territorio –2,387 hectáreas en cuatro predios– pertenece a Vulcan, propietaria de Calizas Industriales del Carmen (Calica) y el muelle Punta Venado.
El plan de manejo definirá usos permitidos en estas tierras, clave para zanjar el desacuerdo. Vulcan extrajo más de 120 millones de toneladas de caliza para exportar a EE. UU., generando utilidades por encima de 1,500 millones de dólares, pero dejando daños irreversibles: nueve cuerpos de agua expuestos por remoción de vegetación y roca.
Juan Carlos Romero Gil, director regional de Conanp en la Península de Yucatán y Mar Caribe, enfatizó: “Ya estamos en la fase terminal del documento. Insisto, todos estos procesos llevan un proceso de consultas para evitar amparos y procesos regresivos. Entonces, todos están en consulta del programa”. Estas reuniones incluyen a ejidatarios y propietarios privados, para prevenir demandas judiciales.
Litigio millonario
El conflicto escaló en 2022 con la clausura de la mina por daños ambientales. México ofreció 6,500 millones de pesos por las tierras, pero Vulcan rechazó y demandó ante el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias (CIAT) por 1,900 millones de dólares, alegando expropiación indirecta bajo el T-MEC. El arbitraje sigue abierto, y un plan de manejo apresurado podría agravar la disputa.
Bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, se relanzó la búsqueda de un acuerdo de compra-venta que resuelva el litigio y proteja el sitio. “No se trata de expropiación, sino de declaratoria de protección de recursos naturales como derecho al medio ambiente sano”, aclaró Semarnat al decretar la ANP.
La demora no es solo legal; el presupuesto para Conanp ha caído 148 millones de pesos nominales entre 2018 y 2024, pese a sumar 50 nuevas ANPs federales. Sin plan de manejo, la reserva carece de guías claras para vigilancia y programas de conservación, dejando ecosistemas vulnerables.
Expertos advierten que, sin resolución rápida, la zona podría enfrentar más degradación. Vulcan no ha declinado sus derechos de propiedad ni retirado inversiones. El plan, una vez listo, podría equilibrar protección ambiental con posibles compensaciones, pero el reloj corre en un paraíso caribeño bajo amenaza.
Este retraso en el plan de manejo de la ANP Felipe Carrillo Puerto subraya la complejidad de conciliar desarrollo, medio ambiente y soberanía. México busca un cierre diplomático, pero Vulcan no cede terreno fácilmente.
También te puede interesar: Claudia Sheinbaum reconoce gestión de Mara Lezama sobre apertura de playas públicas en Tulum
