Una nueva propuesta de ley en Quintana Roo busca endurecer las penas por el delito de violencia familiar, especialmente cuando las víctimas sean mujeres embarazadas o personas mayores de 60 años. El diputado Jorge Sanén Cervantes presentó esta iniciativa ante la Comisión Permanente de la Legislatura, con el objetivo de reforzar la protección legal para los sectores más vulnerables.
La propuesta reforma el artículo 176-Quater del Código Penal estatal. Incluye una agravante específica que eleva las penas si la violencia afecta a adultos mayores o mujeres embarazadas. En términos prácticos, el castigo podría aumentar hasta una tercera parte del mínimo y máximo actualmente establecidos.
Propuesta busca atender a grupos vulnerables
Durante la exposición de motivos, el diputado Sanén —quien también preside la Junta de Gobierno y Coordinación Política— destacó la urgencia de garantizar castigos más severos en casos donde las víctimas tienen mayor vulnerabilidad. Esta medida forma parte de una estrategia más amplia del Congreso local para frenar el crecimiento sostenido de la violencia familiar en la región.
Aunque el marco legal actual ya contempla sanciones para estos delitos, el legislador subrayó que resulta indispensable actualizar las normas. Adaptar las leyes a las condiciones sociales actuales permitirá ofrecer mayor protección a quienes más la necesitan. La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y posible aprobación.
Reconocimiento de contratos digitales en el Código Civil
En la misma sesión, el diputado José María Chacón Chablé presentó una propuesta para modernizar el Código Civil estatal. Como presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Poblacional y Productividad, planteó adicionar el artículo 220 Bis y reformar los artículos 215 y 218.
Su objetivo es dotar de certeza jurídica a las nuevas formas de contratación digital. La propuesta reconoce como válidos los actos jurídicos electrónicos y regula el uso de la firma electrónica avanzada, en concordancia con el entorno digital actual.
El legislador señaló que el auge de la digitalización —acelerado por la pandemia— ha transformado la manera en que se firman contratos, se hacen trámites y se concretan acuerdos legales. Por ello, consideró esencial que la legislación civil esté a la altura de estos cambios tecnológicos. Esta iniciativa también fue turnada a comisiones.
Tasa delictiva y perfil de la violencia familiar en Quintana Roo
Quintana Roo registra una creciente tasa de violencia familiar: durante 2024 se denunciaron cerca de 1 200 casos, lo que representa un aumento del 8 % respecto al año anterior. En lo que va de 2025, ya suman aproximadamente 650 reportes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La mayor parte involucra agresiones en el hogar, con víctimas que frecuentemente son mujeres y adultos mayores.
El Código Penal de Quintana Roo establece hoy penas de entre seis meses y cinco años de prisión por violencia familiar, además de multas económicas. Con la agravante propuesta, esa pena podría extenderse hasta un tercio más en casos que involucren a embarazadas o mayores de 60 años. Es decir, el castigo máximo alcanzaría casi siete años.
Plazos legales para procesar al agresor
Una vez denunciado el delito, el Ministerio Público tiene un plazo de 72 horas para integrar la carpeta de investigación. Luego, el proceso judicial debe iniciar antes de los 30 días hábiles. Si se aprueba la reforma, este calendario no cambiaría, pero sí la pena mínima y máxima aplicable.
Los diputados promueven esta reforma bajo la expectativa de que sirva tanto como disuasivo para agresores como para mejorar la protección legal de los sectores más desfavorecidos. Sin embargo, insisten en que la verdadera eficacia dependerá de que las autoridades —Ministerio Público y jueces— actúen con celeridad. Sin agilidad institucional, cualquier reforma será papel mojado.
