La discusión sobre la llamada “Ley Chaleco” vuelve a encenderse en Quintana Roo. Diputados locales abrieron la puerta para revisar y posiblemente revertir la reforma que obliga a motociclistas a portar un chaleco fluorescente con el número de placa impreso, una medida que generó protestas desde su aprobación y que hoy permanece sin aplicarse debido a sentencias federales que cuestionaron la validez del proceso legislativo. La diputada Liliana Mis Martínez confirmó que están analizando la propuesta de derogación presentada por el legislador José Luis Pech Várguez. La revisión podría convertirse en una modificación de fondo, pues la norma ha sido señalada por motociclistas y jueces como una restricción innecesaria que no demuestra eficacia en seguridad.
Revisión legislativa y contexto legal
La iniciativa para derogar el artículo 261 bis de la Ley de Movilidad, conocido popularmente como “Ley Chaleco”, se encuentra actualmente en comisiones del Congreso del Estado. Liliana Mis explicó que el análisis debe realizarse con apertura y diálogo, ya que la regulación tocó un punto sensible para miles de usuarios de motocicletas. Según la diputada, esta vez buscan involucrar a la ciudadanía para alcanzar acuerdos que respondan a necesidades reales de movilidad y seguridad.
El origen de esta revisión tiene un matiz legal importante. Diversos amparos presentados por motociclistas argumentaron que el proceso legislativo para aprobar la reforma fue incorrecto. Jueces federales dieron la razón a los promoventes y señalaron que no se justificó cómo el uso de una prenda con el número de placa reduce delitos o mejora la seguridad pública. Esa falta de fundamentación abrió la puerta para que el Congreso reconozca errores y reconsidere la medida.
Liliana Mis afirmó que la ley no debe tratarse como una estructura rígida, sino como un mecanismo que puede ajustarse cuando existen razones fundadas. Por ello, defendió la necesidad de un diálogo amplio para definir si el chaleco fluorescente debe mantenerse, modificarse o eliminarse.
Impacto social y protestas de motociclistas
La reforma aprobada en julio de 2024 provocó protestas de agrupaciones de motociclistas en todo el estado. Los manifestantes denunciaron que el requisito de portar un chaleco con número de placa, además de replicarse en el casco, representa una imposición contra la libertad de vestir. También argumentaron que los uniformaría en un esquema que puede exponerlos a riesgos adicionales, pues señalizar la placa de forma tan visible podría facilitar actos de vigilancia indebida o incluso agresiones.
Algunos grupos obtuvieron suspensiones y amparos, los cuales siguen bajo revisión en instancias federales. Aunque la norma está técnicamente vigente en la ley, las resoluciones judiciales la han dejado sin aplicación real. Para los colectivos, ese estatus confirma que no existía una base sólida que justificara la reforma.
Las organizaciones también insistieron en que el uso obligatorio de un chaleco no resuelve problemas de fondo como la falta de infraestructura, capacitación vial y vigilancia efectiva. Además, consideran que la medida estigmatiza a los motociclistas al vincularlos con actividades delictivas sin evidencia que respalde esa relación.
Expectativas y posibles escenarios
Con la iniciativa en revisión, el Congreso podría optar por derogar la reforma, modificarla o mantenerla con nuevos argumentos. Sin embargo, el ambiente político sugiere que el rechazo social será un factor decisivo. Los legisladores han reconocido que la construcción de la norma careció del consenso necesario y que una regulación ligada a la seguridad vial no puede imponerse sin participación de quienes la vivirán a diario.
El proceso continuará en comisiones, donde se esperan comparecencias, mesas técnicas y la presentación de alternativas. Entre las propuestas preliminares, colectivos sugieren reforzar campañas de educación vial, mejorar la señalización y aplicar sanciones específicas a conductas de riesgo como circular sin casco o manejar en estado inconveniente.
Aunque no existe un calendario definido, el dictamen podría avanzar antes de que termine el periodo legislativo. Una eventual derogación pondría fin a meses de debate y permitiría replantear políticas públicas enfocadas en movilidad segura y razonable.
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