Desde este 15 de julio, todas las personas que tramiten una licencia de conducir en Quintana Roo deberán presentar su Clave Única de Registro de Población (CURP), como parte de un convenio entre la Secretaría de Gobernación y el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).
El acuerdo fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y establece que el Imoveqroo “adoptará la CURP como elemento de identificación individual en los registros de los usuarios, en los casos que resulte aplicable conforme al presente instrumento jurídico y su Anexo Técnico”. Esta medida aplica tanto a personas usuarias del transporte privado como del servicio público.
Medida busca homologar datos y proteger información personal
El convenio de Coordinación también fue suscrito por el Consejo Nacional de Población (Conapo), con el objetivo de promover el uso y certificación de la CURP en todos los trámites relacionados con movilidad en la entidad. El seguimiento estará a cargo de la Dirección de Control de Licencias y Enlace con los Municipios y Agrupaciones del Imoveqroo, así como de su Dirección Jurídica.
Según la información difundida, ambas partes asumieron el compromiso de proteger la información personal de los solicitantes. Esto implica utilizar los datos únicamente para el propósito del trámite de licencias, implementar medidas de seguridad conforme a la Ley General de Protección de Datos Personales (LGPDPPSO) y suprimir toda información cuando concluya la vigencia del convenio.
Además, queda expresamente prohibido transferir los datos a terceros que no participen en el presente acuerdo, incluyendo instituciones del sector público o privado, ya sean nacionales o extranjeras. “Lo anterior, debido al reconocimiento expreso de que los Servicios CURP son para uso exclusivo de las atribuciones del Imoveqroo”, señala el documento.
La disposición también obliga a abstenerse de autorizar o permitir el uso de la CURP a otras instituciones fuera del alcance de este convenio. Con ello, el Gobierno Federal busca garantizar la integridad y confidencialidad de la información que maneje el Instituto de Movilidad estatal.
Este instrumento jurídico tendrá vigencia hasta el 30 de septiembre de 2030, salvo que sea revocado o modificado antes de esa fecha.
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