La Secretaría de la Defensa Nacional recuperó el control total de la construcción de la casa militar de descanso en Bacalar, después de que los siete ciudadanos que promovían el último amparo vigente decidieron abandonar el proceso legal. Esta renuncia dejó sin efecto la suspensión definitiva que impedía continuar con las obras y despejó el camino para que la dependencia avance sin restricciones judiciales. La resolución se confirmó este miércoles durante la sesión del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito, donde se declaró improcedente el recurso de revisión de la Sedena debido a la desaparición de la parte quejosa. El proyecto, cuestionado desde marzo por posibles afectaciones al ecosistema lagunar, vuelve así al punto inicial, sin obstáculos inmediatos y con una ruta abierta para su continuidad.
Obra avanza mientras persisten dudas ambientales y amparos pendientes
La magistrada federal Berenice Polanco Córdova informó al pleno que, al presentarse el desistimiento de la demanda, ya no existía materia para resolver la impugnación. Este giro dejó sin defensa el último intento ciudadano para frenar la obra que, desde su arranque, generó inconformidades entre habitantes y colectivos ambientales de Bacalar. En marzo, los ciudadanos habían denunciado que la construcción se realizaba sin transparencia y sin un estudio de impacto ambiental autorizado, un punto crítico que colocó el tema en la agenda pública estatal.
Semarnat exentó a la Sedena de presentar estudio de impacto ambiental
El proyecto se volvió aún más polémico cuando se reveló que la Semarnat exentó a la Sedena de presentar el estudio de impacto ambiental, decisión que llegó hasta las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa exención alimentó sospechas, porque el área donde avanza la obra se encuentra cerca del fuerte de San Felipe y en una zona con alta sensibilidad ecológica.
Aunque el desistimiento deja a la Sedena con vía libre inmediata, todavía existen dos amparos promovidos por las asociaciones DMAS, Projuc e Infancias de Bacalar, representadas por la Defensoría Pública Federal. Sin embargo, sus medidas de suspensión ya fueron retiradas y ahora solo esperan sentencia definitiva. Abogados que siguen el caso consideran que las posibilidades de éxito son reducidas debido a recientes modificaciones a la Ley de Amparo, que limitaron el alcance de las suspensiones contra obras públicas.
Habitantes consultados en Bacalar señalaron que la batalla legal se ha debilitado, aunque aún esperan que los jueces valoren el impacto ambiental del proyecto antes de emitir resoluciones finales. La preocupación persiste porque la zona lagunar ha sufrido presiones constantes por desarrollos turísticos y obras que no siempre cumplen con criterios de protección ambiental.
Mientras tanto, maquinaria y personal se preparan para retomar actividades en el área. El avance de la obra vuelve a generar inquietud entre quienes temen daños irreversibles al entorno natural, pero el escenario actual favorece de forma clara a la Sedena, que ya no enfrenta obstáculos judiciales inmediatos.
También te puede interesar: Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas revela crisis por falta de liquidez para pagar aguinaldos
