La disputa legal por la casa militar de descanso que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) construye a la orilla de la laguna de Bacalar llegará a un punto clave este miércoles 26 de noviembre. El Tercer Tribunal Colegiado de Circuito resolverá el último recurso de suspensión vigente, un proceso seguido de cerca por habitantes, organizaciones ambientales y autoridades federales. La decisión definirá si la obra continúa detenida o si obtiene luz verde para reanudarse, luego de meses de litigio y controversia por presuntas omisiones ambientales. De acuerdo con el expediente 437/2025, la magistrada ponente Berenice Penélope Polanco Córdova presentará el proyecto de resolución, mientras que los magistrados Leonel Jesús Hidalgo —presidente— y Lenin Salvador Zenteno Ávila completarán el análisis del caso. El fallo podría convertirse en un precedente relevante sobre obras federales en ecosistemas frágiles y tensiones entre Sedena y colectivos ciudadanos.
Magistrados revisan último freno legal al proyecto
La suspensión que se encuentra en revisión fue obtenida por habitantes de Bacalar dentro de un juicio de amparo. Sedena impugnó la medida cautelar, y el recurso llegó ahora a su etapa final. Activistas han denunciado que la obra carece de estudios ambientales completos y que la zona donde se pretende construir es un ecosistema sensible que requiere evaluaciones rigurosas.
Además, organizaciones como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) y Proyecto Justicia Común (Projuc) han seguido el proceso. En dos juicios previos, Sedena consiguió que se revocaran suspensiones similares: una impulsada por infancias de Bacalar con apoyo de la Defensoría Pública Federal y otra presentada por asociaciones civiles. Sin embargo, el caso que se resolverá este miércoles es el último recurso que mantiene detenida la obra.
José Mario de la Garza Martis, abogado de Projuc, afirmó que los recursos interpuestos por Sedena avanzan de forma inusualmente rápida. Según explicó, resoluciones de esta naturaleza suelen tardar cerca de un año, pero en este caso han sido atendidas en cuestión de meses. Para los colectivos ambientales, esa velocidad despierta preocupación sobre la imparcialidad del proceso, mientras que Sedena sostiene que la obra cumple los requisitos legales.
Al término de la sesión del miércoles, el Tribunal determinará si la suspensión se ratifica o si queda sin efecto. Si la medida cautelar se retira, Sedena podrá reanudar la construcción. En caso de mantenerse, la dependencia tendrá que detener cualquier avance hasta que concluya el juicio de amparo.
Habitantes y organizaciones esperan que la resolución tome en cuenta la fragilidad de la laguna de Bacalar, un ecosistema donde los proyectos deben contar con estudios ambientales aprobados, tal como exige la legislación vigente. De confirmarse la suspensión, el proyecto quedaría paralizado hasta que se evalúe si cumple o no con las normas ambientales.
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