Natalia Carrillo Perea, sobreviviente de abuso sexual infantil, acudió hoy a los Juzgados Penales Orales de Cancún representando a tres víctimas que denunciaron en marzo de 2024 al exprofesor Enrique Velasco Garibay por presuntos abusos en el Colegio ECAB. Los hechos, ocurridos en 1992 cuando las niñas tenían nueve años, involucran a Velasco –esposo de la directora Camila S.– como agresor, con alegatos de complicidad institucional. La audiencia buscaba determinar si el caso prescribirá, pese a los 32 años transcurridos; el juez aún no resuelve, y el imputado no compareció.
Carrillo, acompañada de las otras dos denunciantes, relató ante medios el calvario: “Somos tres las que pudimos meter la denuncia… Fuimos víctimas de abuso sexual y violación por parte del maestro José Enrique Velasco Garibay”. La demora judicial, desde la querella en la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual, genera temor a la impunidad. “Se ha tardado mucho en proceder”, lamentó, exigiendo que el delito no prescriba por su gravedad perpetua.
Sombras en el aula: Un patrón de manipulación decenal
El Colegio ECAB, institución privada de élite en Cancún durante los 80 y 90, se tiñó de horror. Velasco, carismático profesor de 32 años en 1992, explotaba vulnerabilidades de alumnas de cuarto de primaria, según testimonios. Carrillo detalló: “La directora, su esposa, fungía como psicóloga y nos identificaba… Nos entregaba a él”. Esto alineó con denuncias iniciales de marzo 2024, donde Carolina –otra víctima– describió abusos desde los siete años, escalando 13 años por manipulación emocional: “Me enamoró, me hizo creer que era amor”.
Colectivos feministas Mujeres Libres y Malinches Ingobernables respaldaron la querella original, presentada el 5 de marzo de 2024 ante la Fiscalía de Quintana Roo. Cinco testimonios iniciales revelaron un patrón: Velasco ganaba confianza de padres –muchos en su círculo social– para aislar a niñas, con la hija del agresor como testigo involuntaria del “normalizado” abuso. Milenio reportó que exalumnas detectaron la “forma de operar” al compartir historias: empatía falsa seguida de aislamiento.
En 2024, la denuncia cobró fuerza tras décadas de silencio, impulsada por terapia y redes de apoyo. “Cuesta mucho trabajo… agarrar la fuerza para denunciar”, confesó Carrillo, evocando secuelas vitales: traumas que persisten en adultez.
Prescripción en la mira: ¿Justicia federal o estatal?
El núcleo del temor: la prescripción. En Quintana Roo, el Código Penal estatal fija 10 años para estupro agravado, pero las víctimas invocan el Código Nacional de Procedimientos Penales y reformas federales de 2019, que eliminaron plazos para delitos sexuales contra menores. “Federalmente es diferente… El abuso infantil no debería prescribir en ningún estado”, argumentó Carrillo. Noticaribe confirmó que el juez evaluará si el caso trasciende al ámbito federal, donde no hay caducidad.
Expertos en derechos infantiles, citados por El Universal, respaldan: de 2020 a 2024, Quintana Roo registró 1.200 denuncias por abuso sexual infantil, con solo 40% resoluciones por prescripción. La FGR ha intervenido en casos similares, como el de escuelas privadas en CDMX, priorizando la revictimización sobre el tiempo.
La ausencia de Velasco hoy –citado pero ausente– intensifica la urgencia. “Espera que el juez haga justicia”, dijo Carrillo, visiblemente conmovida. Organizaciones como Red por los Derechos de la Infancia en México llaman a testigos anónimos vía líneas 55-5093-0000.
Este caso expone grietas sistémicas: ¿cuántas niñas más cargan silencios en aulas de élite? Las sobrevivientes de ECAB, con su denuncia valiente, exigen que el tiempo no borre el dolor. La balanza judicial pende; Cancún observa.
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