Tres organizaciones ambientales advierten que la planeada ampliación del puerto de Veracruz podría afectar gravemente arrecifes, manglares y biodiversidad marina. A pesar de un fallo de la Suprema Corte que anuló autorizaciones previas, el Gobierno de México proyecta iniciar obras de la escollera sur sin una evaluación ambiental integral e independiente, generando preocupación sobre los impactos acumulativos y el derecho a un ambiente sano.
Organizaciones civiles como “Territorios Diverso para la Vida”, “EarthJustice” y “Aida Américas” emitieron un comunicado conjunto alertando sobre los riesgos de la ampliación del puerto de Veracruz. Señalan que el proyecto podría afectar ecosistemas frágiles del Golfo de México, incluyendo el Sistema Arrecifal Veracruzano, manglares y otras áreas de biodiversidad terrestre y marina.
El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, informó en julio que en septiembre iniciarían los trabajos de construcción de la escollera sur, con una longitud de más de 3 kilómetros, actualmente en licitación. Según las ONGs, esta obra pondría en riesgo ecosistemas que aún no han sido completamente identificados y cuestionan la falta de información sobre los sitios de extracción de piedra y la posible utilización de áreas naturales protegidas como bancos de materiales.
SCJN ordenó evaluación ambiental integral
En marzo de 2022, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió el amparo en revisión 54/2022, interpuesto por ciudadanos y organizaciones veracruzanas. La Corte determinó que las autorizaciones ambientales otorgadas desde 2004 por la Semarnat eran inconstitucionales, al evaluar el proyecto de manera fragmentada y sin utilizar la mejor ciencia disponible. Esto vulneraba el derecho humano de los veracruzanos a un ambiente sano.
La sentencia exigió que se realizara una nueva evaluación ambiental integral, considerando el impacto acumulativo sobre arrecifes, humedales y ecosistemas terrestres adyacentes. Sin embargo, las organizaciones denuncian que las autoridades proyectan iniciar la construcción sin cumplir con estas obligaciones, lo que representa un incumplimiento de la SCJN y un riesgo ambiental significativo.
Entre los arrecifes más vulnerables se encuentra La Gallega, cuyo ecosistema marino podría verse alterado de manera irreversible. Los manglares y otras especies terrestres y marinas de la zona también podrían sufrir daños, generando un desequilibrio en la biodiversidad local y afectando la pesca y actividades económicas que dependen de estos ecosistemas.
Las ONGs hicieron un llamado urgente a detener cualquier actividad de ampliación hasta que se realice una evaluación ambiental holística, integral e independiente, que cumpla con los criterios científicos y legales exigidos. Además, solicitan que la sociedad civil pueda participar en la revisión de los estudios y en la toma de decisiones sobre proyectos que impactan áreas naturales estratégicas.
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