El Presupuesto General del Estado (PGE) de Bolivia para 2025 asigna apenas el 0.04% de la inversión pública a la conservación ambiental, equivalente a 1.7 millones de dólares, lo que ha generado críticas por parte de especialistas y legisladores, quienes señalan una política gubernamental enfocada en sectores extractivistas.
Prioridades presupuestarias: Dominio del sector extractivista
De acuerdo con la documentación oficial, la mayor parte de la inversión pública está destinada a proyectos de los sectores hidrocarburos, minería y agropecuario, que en conjunto absorben cerca del 20% del presupuesto. Este enfoque refleja la política gubernamental predominante en los últimos años.
La senadora Cecilia Requena calificó de «miseria» el presupuesto destinado al medioambiente, señalando que precariza aún más la conservación en el país. Según Requena, «el presupuesto refleja las prioridades del gobierno», que sigue apostando por industrias extractivistas sin considerar el impacto económico y ambiental de sus políticas.
Áreas protegidas afectadas por recortes presupuestarios
Entre los ajustes más criticados se encuentran los recortes de financiamiento a cuatro áreas protegidas clave:
- Reserva Nacional Manupiri
- Parque Nacional Tunari
- Parque Nacional Carrasco
- Parque Nacional Madidi, reconocido por su biodiversidad
Estos recortes oscilan entre el 22% y el 35%, afectando directamente su capacidad para conservar ecosistemas vitales.
Una crisis ambiental sin precedentes
En 2024, Bolivia enfrentó una devastadora crisis ambiental con incendios forestales que consumieron más de 10 millones de hectáreas en cuatro meses, principalmente en Santa Cruz. Esta catástrofe, que incluyó la destrucción de bosques, pastizales y reservas naturales, ha sido descrita como «la mayor crisis ambiental en la historia del país» debido a los daños irreversibles al ecosistema.
Ante este escenario, Requena advirtió sobre el costo político de la devastación: “La devastación adicional de nuestro país les tiene que costar electoralmente y nos encargaremos de que así sea”.
Crisis económica y restricciones presupuestarias
El PGE 2025 refleja las dificultades económicas que enfrenta Bolivia. Con un presupuesto total de 3,965 millones de dólares, el más bajo en cinco años, el país lidia con una crisis económica caracterizada por:
- Debacle de la industria petrolera
- Caída de las reservas internacionales
- Escasez de dólares
- Inflación creciente
- Dificultades en importaciones clave, como combustibles
Aprobación del presupuesto por decreto supremo
La aprobación del presupuesto quedó en suspenso debido a la decisión del vicepresidente David Choquehuanca de imponer un receso parlamentario hasta fin de año, lo que impidió el debate legislativo. Por esta razón, el PGE será aprobado mediante decreto supremo, según lo establece la Constitución.
Ley de Distribución de Escaños: Un tema pendiente
El receso parlamentario también frenó el tratamiento de la Ley de Distribución de Escaños Parlamentarios, clave para las elecciones de 2025. Basada en los resultados del censo de 2023, esta norma busca reconfigurar la representación parlamentaria:
- Santa Cruz ganaría un escaño.
- Chuquisaca perdería uno.
La aprobación de esta ley es esencial antes del 15 de enero para que entre en vigor en la próxima legislatura.
Conclusión: Una política cuestionada
El enfoque extractivista del gobierno boliviano y los recortes en áreas clave, como el medioambiente, contrastan con las crecientes demandas de sostenibilidad y conservación en el contexto global. La combinación de crisis económica, impactos ambientales devastadores y decisiones políticas controvertidas plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de las políticas públicas actuales en Bolivia.
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