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    Brasil lanza fondo mundial para salvar los bosques: una apuesta por dinero y soberanía verde

    El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva propuso en la antesala de la COP30 un nuevo instrumento financiero global: el “Fondo Bosques Tropicales para Siempre”. Se trata de un mecanismo que busca pagar a los países que conserven sus selvas y frenen la deforestación, combinando incentivos económicos con una estrategia de soberanía ambiental.

    Brasil busca reescribir las reglas del financiamiento climático

    El fondo fue presentado oficialmente como preámbulo a la próxima cumbre climática de la ONU, que se realizará en 2026 en Belém, corazón de la Amazonía brasileña. Su diseño rompe con la lógica tradicional de las donaciones: los aportes no serán regalos, sino inversiones con rendimientos. Cualquier país que coloque recursos podrá recibir intereses, mientras que los países con bosques obtendrán pagos siempre que mantengan la deforestación bajo un límite medible.

    El canciller Mauro Vieira explicó que este esquema pretende “reconocer el valor económico real de los bosques vivos”. En otras palabras, se intenta que la conservación deje de ser vista como un costo y se convierta en un activo financiero.

    Según el plan, si un país supera el límite permitido de deforestación, los pagos se reducirán de forma proporcional a las hectáreas destruidas. En cambio, quienes logren mantener o recuperar su cobertura forestal recibirán mayores beneficios.

    Un fondo ambicioso que busca escalar a 125 mil millones de dólares

    Brasil informó que ya ha reunido 5,500 millones de dólares en compromisos iniciales. Entre ellos, destacan 1,000 millones de Indonesia, 500 millones de Francia, 5 millones de los Países Bajos y un millón de Portugal. Noruega, uno de los principales aliados históricos en financiamiento verde, prometió 3,000 millones adicionales, condicionados a que Brasil logre captar 9,800 millones más.

    El propio gobierno brasileño se comprometió con 1,000 millones, una señal de que busca liderar con el ejemplo. El objetivo final es emitir deuda verde por 25,000 millones de dólares y, a largo plazo, escalar el fondo hasta alcanzar 125,000 millones.

    El ministro de Economía, Fernando Haddad, sostuvo que “la transición ecológica debe ser también un proyecto de desarrollo”, enfatizando que el Fondo permitirá a los países del Sur Global dejar de depender de ayudas condicionadas y, en cambio, participar activamente en los flujos financieros internacionales.

    Participación indígena y apertura al sector privado

    Una de las claves políticas del Fondo es que reserva el 20% de los recursos para comunidades indígenas y locales, un gesto que responde a las demandas de justicia climática y reconocimiento de los guardianes tradicionales de los bosques.

    “Es un cambio histórico: se reconoce que los pueblos indígenas no son beneficiarios pasivos, sino actores centrales en la protección de los ecosistemas”, afirmó Wanjira Mathai, directora para África y Alianzas Globales del Instituto de Recursos Mundiales.

    El plan también contempla la participación del sector privado. Una vez que el Fondo supere los 10,000 millones de dólares, se abrirá la puerta a inversiones corporativas y bonos verdes, con el fin de multiplicar el capital disponible y atraer nuevos actores financieros.

    Una oportunidad geopolítica para el Sur Global

    Más de 70 países con bosques tropicales podrían beneficiarse, desde los amazónicos —Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y Bolivia— hasta naciones africanas como el Congo. Este frente común busca aumentar su poder de negociación frente a las potencias industrializadas, que históricamente han impuesto las condiciones en los mecanismos climáticos globales.

    Brasil, al colocar el tema en el centro de la agenda de la COP30, intenta posicionarse como líder del Sur Global en materia ambiental y financiera. Si el Fondo logra despegar, podría marcar un antes y un después en la relación entre desarrollo, deuda y naturaleza.

    El reto, sin embargo, será evitar que el mecanismo se convierta en un nuevo campo de especulación verde. Su éxito dependerá de la transparencia, la distribución justa de los beneficios y el respeto a los derechos territoriales de las comunidades que viven en los bosques.

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