Especialistas de la UNAM, UABC, Cinvestav Mérida, CartoCrítica, Ecosur y Conservación de Mares y Costas de SEMARNAT, junto con biólogos y habitantes de la comunidad ‘El Bosque’ en Tabasco, presentaron evidencia sobre cómo la explotación petrolera afecta a especies marinas y costeras. Según los expertos, los daños podrían tardar cientos de miles de años en revertirse, o incluso ser irreversibles, lo que plantea consecuencias permanentes tanto ecológicas como económicas y sociales.
Se subrayó que la extracción de petróleo en México se ha vuelto cada vez más costosa y menos rentable, lo que reduce la capacidad de destinar recursos a enfrentar la crisis climática y a proteger el medio ambiente. Asimismo, la zona del Golfo representa una oportunidad para replantear el desarrollo energético del país, promoviendo un equilibrio entre producción y conservación ambiental.
El Golfo de México es la principal fuente de sustento para más de 90,000 personas que dependen de la pesca. Los derrames petroleros contaminan aguas, destruyen ecosistemas y obligan a los pescadores a abandonar sus actividades, generando impactos socioeconómicos significativos. Cristina Pacheco y Guadalupe Cobos, habitantes de ‘El Bosque’ en Tabasco, compartieron su experiencia de desplazamiento forzado debido a la elevación del nivel del mar, alertando sobre la posibilidad de que otras comunidades sufran consecuencias similares si continúan las prácticas extractivas sin regulación adecuada.
Durante el foro, se hizo un llamado a retomar el diálogo entre comunidades, academia y gobierno para tomar decisiones que garanticen la conservación del Golfo de México a largo plazo. Renata Terrazas, directora de Oceana México, destacó que la crisis climática exige acciones concretas por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum, para transformar la política energética y ambiental del país, mitigando los riesgos derivados de la industria petrolera.
Los expertos coincidieron en que la gestión sostenible de esta región no solo es una prioridad ecológica, sino también un requisito para proteger la vida de miles de personas, garantizar el suministro alimentario y cumplir con los compromisos internacionales de México en materia de cambio climático.
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