El 23 de julio de 2025, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una histórica opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU en 2023 con el respaldo de 130 países, liderados por Vanuatu.
El fallo, aprobado por unanimidad por un panel de 15 jueces presidido por Yuji Iwasawa, establece que los tratados climáticos, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, imponen “obligaciones vinculantes” a los Estados para adoptar medidas contra el cambio climático y proteger los derechos humanos, incluyendo el derecho a la vida, la salud, el agua, la alimentación y la vivienda.
La CIJ calificó el cambio climático como una “amenaza urgente y existencial” causada por actividades humanas, con efectos “graves y de gran alcance” que trascienden fronteras. El tribunal subrayó que los Estados deben cooperar para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, cumplir los objetivos del Acuerdo de París de limitar el calentamiento global a 1.5 °C y preparar contribuciones nacionalmente determinadas (NDCs) ambiciosas.
El incumplimiento de estas obligaciones constituye un “acto internacionalmente ilícito”, lo que podría derivar en responsabilidades legales como el cese del daño, garantías de no repetición y reparaciones en forma de restitución, compensación o satisfacción, siempre que exista un nexo causal directo.
La CIJ destacó que un medioambiente limpio y sostenible es esencial para los derechos humanos, especialmente para comunidades vulnerables afectadas por los impactos climáticos.
Aunque no es vinculante, la opinión tiene un peso jurídico y político significativo, sirviendo como base para futuras demandas contra países que no cumplan sus compromisos climáticos. Ralph Regenvanu, ministro de Vanuatu, celebró el fallo como una herramienta para la “justicia climática” y anunció planes para proponer una resolución en la ONU que impulse su implementación. Vishal Prasad, estudiante que abogó por el caso, y Harj Narulla, abogado de las Islas Salomón, destacaron que el fallo abre la puerta a demandar a grandes emisores por daños, como la reconstrucción de infraestructuras y compensaciones monetarias.
Durante las audiencias de diciembre de 2024, países industrializados argumentaron que los tratados no imponen obligaciones estrictas, mientras que naciones en desarrollo y pequeños Estados insulares criticaron su falta de acción. La decisión de la CIJ, publicada en un contexto de crecientes desastres climáticos, refuerza la presión sobre los principales contaminantes para financiar la adaptación y mitigar pérdidas, marcando un hito en la lucha global contra el cambio climático.
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