La histórica decisión del máximo tribunal de la ONU que permite que los países se demanden entre sí por los efectos del cambio climático podría cambiar para siempre el equilibrio legal entre las naciones industrializadas y las más vulnerables. Aunque la resolución es consultiva y no vinculante, representa una herramienta inédita que permitiría a los países afectados reclamar reparaciones por la destrucción provocada por emisiones históricas de gases contaminantes. Esta resolución, motivada por un grupo de jóvenes del Pacífico, ha sido descrita por activistas y juristas como un «hito jurídico sin precedentes».
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, concluyó que los Estados que no actúen con ambición climática están incumpliendo sus compromisos internacionales, incluso si no son parte del Acuerdo de París. También consideró que los gobiernos tienen responsabilidad sobre las actividades contaminantes de las empresas que operan en su territorio, incluidos los subsidios o licencias otorgadas a industrias fósiles. Aunque aún se desconoce el impacto concreto de esta decisión, es un parteaguas para la justicia climática global.
¿Cómo nació este fallo histórico?
La iniciativa surgió en 2019, impulsada por estudiantes de Derecho de las islas del Pacífico que sufren a diario las consecuencias del calentamiento global. Uno de ellos, Siosiua Veikune, originario de Tonga, celebró la sentencia como un acto de justicia para comunidades olvidadas: “Nos invaden un montón de emociones. Es una victoria que llevamos con orgullo a nuestras comunidades”. También Flora Vano, de Vanuatu, expresó alivio: “La CIJ reconoció nuestro sufrimiento, nuestra resiliencia y nuestro derecho a un futuro”.
La decisión de la CIJ refuerza el derecho de los países afectados a buscar indemnizaciones cuando no sea posible la reparación directa, por ejemplo, en caso de pérdida territorial. Aunque la sentencia no fija montos específicos, investigaciones previas indican que los daños climáticos entre 2000 y 2019 ascendieron a 2,8 billones de dólares.
Responsabilidades históricas y nuevos frentes legales
Una de las implicaciones más potentes del fallo es que los países en desarrollo podrán argumentar en tribunales internacionales y nacionales que las naciones industrializadas tienen responsabilidad jurídica por su contribución histórica al cambio climático. Esto significa que, aunque EE. UU. o China no reconozcan la jurisdicción de la CIJ, aún podrían enfrentar procesos judiciales basados en este dictamen.
El tribunal también dejó en claro que subsidiar la producción de combustibles fósiles o emitir nuevas licencias podría constituir una violación directa del derecho internacional. Esta afirmación pone en aprietos a muchos países que siguen promoviendo la expansión petrolera mientras alegan cumplir con el Acuerdo de París.
Stephanie Robinson, abogada representante de las Islas Marshall, dijo que el dictamen “cambia el panorama de la defensa del clima” y podría abrir un camino para que las naciones insulares reclamen fondos reales para adaptarse a fenómenos climáticos extremos.
La pregunta clave: ¿se respetará el fallo?
Como toda decisión de la CIJ, su eficacia depende del respeto voluntario de los Estados, pues la corte no tiene poder de coerción. Harj Narulla, abogado que representó a las Islas Salomón, recordó que “la CIJ está sujeta a la geopolítica”, lo que significa que su autoridad es simbólica si las potencias deciden ignorarla.
Pero el hecho de que ya existan movimientos legales para usar este fallo como base en tribunales nacionales sugiere que el impacto será tangible. Las Islas Marshall, por ejemplo, estiman que necesitan 9.000 millones de dólares para adaptarse al cambio climático, una cifra inalcanzable para un país de su tamaño y economía. Ahora podrían reclamarla legalmente.
En ese sentido, la respuesta de la Casa Blanca —bajo la administración de Trump— revela un contraste claro. “El presidente Trump y toda la administración están comprometidos con poner a Estados Unidos en primer lugar”, dijo un portavoz, ignorando el fondo del dictamen.
La decisión de la CIJ no resolverá la crisis climática, pero da herramientas legales concretas a quienes hasta ahora no tenían cómo defenderse. El futuro del planeta podría empezar a cambiar en los tribunales.
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