Proteger la naturaleza y los derechos humanos se ha vuelto una tarea de altísimo riesgo en Latinoamérica. En 2024, la región registró 257 asesinatos de defensores ambientales, cifra que representa el 80% de los casos a nivel mundial. México se encuentra entre los cinco países más peligrosos para esta labor, junto con Colombia, Guatemala, Brasil y Perú, según el informe de la ONG Front Line Defenders (FLD).
Colombia lidera la lista con 157 víctimas, seguido por México con 32 casos. Los principales detonantes de esta violencia son los conflictos armados, la expansión de actividades extractivas y la ausencia o debilitamiento de la protección estatal. Julia Lima, portavoz de FLD, señaló que el “desmantelamiento de la legislación ambiental” y la “falta de respuesta gubernamental” agravan la crisis.
En México, la situación se complica aún más por lo que la FLD califica como un “racismo sistémico” que permea el sistema de justicia penal, impactando gravemente a defensores indígenas. Estos enfrentan arrestos arbitrarios y sentencias desproporcionadas que equivalen a una “cadena perpetua informal”, limitando su derecho a proteger sus territorios ancestrales y exponiéndolos a múltiples vulneraciones.
La ONG Global Witness reportó que en 2023 Latinoamérica sufrió 196 asesinatos de defensores ambientales, con un aumento en la criminalización y la impunidad que socava la labor de quienes protegen el planeta. La violencia en Guatemala es especialmente alarmante: con solo 18 millones de habitantes, ocupó el tercer lugar mundial en homicidios contra defensores con 29 asesinatos.
Ataques contra comunidades indígenas
En Brasil y Perú, la presencia de milicias armadas vinculadas a terratenientes y grupos rurales, junto con la minería ilegal y el narcotráfico, han incrementado los ataques contra comunidades indígenas y ambientalistas. La falta de aplicación efectiva del Acuerdo de Escazú, un tratado regional para proteger a estos líderes, agrava la problemática.
A pesar de que este acuerdo marcó un avance importante, su implementación enfrenta obstáculos por la ausencia de apoyo estatal, lo que deja a defensores y comunidades en un limbo de vulnerabilidad ante sus agresores. La exclusión de periodistas ambientales en esta protección también preocupa, pues 44 de ellos han sido asesinados en los últimos 15 años, según la Unesco.
El creciente número de agresiones y muertes demuestra que para muchos, defender el medioambiente es una lucha que pone en riesgo la vida, sobre todo cuando el Estado no garantiza justicia ni seguridad. La voz de los defensores y sus comunidades exige un compromiso urgente y efectivo que proteja su derecho a vivir en un entorno sano y seguro.
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