La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó este jueves sobre el aseguramiento de un cargamento ilegal de cinco toneladas de mercurio en el puerto de Manzanillo, Colima, como resultado de un operativo conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), Aduanas y la Secretaría de Marina.
El decomiso se realizó durante una inspección de rutina, en la que se detectó que el cargamento no contaba con el permiso ambiental necesario para su exportación, lo que representa una violación a leyes nacionales y tratados internacionales, incluyendo el Convenio de Minamata sobre el control del mercurio.
Este es el segundo decomiso de mercurio ilegal en el mismo puerto en menos de cuatro meses. En diciembre pasado, las autoridades interceptaron otro cargamento de casi tres toneladas, oculto en rodillos metálicos y con destino a Bolivia.
Posible vínculo con crimen organizado
Este hallazgo cobra especial relevancia tras las recientes acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra el cártel La Nueva Familia Michoacana, al que se le vincula con operaciones de minería ilegal de mercurio y uranio en los estados de México y Guerrero.
Aunque las autoridades mexicanas no han confirmado si el nuevo decomiso está directamente relacionado con esa organización criminal, el volumen y la forma de ocultamiento del cargamento han generado sospechas sobre su posible uso con fines ilícitos.
Mercurio: una amenaza a la salud y al ambiente
El mercurio es una sustancia altamente tóxica que puede provocar graves daños neurológicos, renales y digestivos tanto por exposición directa como a través de la contaminación del agua y los alimentos, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
México forma parte del Convenio de Minamata, un tratado internacional que busca reducir la producción, uso y comercio de este elemento debido a sus efectos dañinos para la salud y el medio ambiente.
Además, el artículo 414 del Código Penal Federal mexicano impone penas de 1 a 9 años de prisión y multas de hasta 3,000 días de salario mínimo para quienes trafiquen con sustancias peligrosas sin los debidos permisos.
Refuerzan vigilancia en puertos
La Profepa reiteró su compromiso de mantener la vigilancia ambiental en puertos estratégicos como Manzanillo, uno de los principales puntos de comercio marítimo del país, y exhortó a las empresas exportadoras e importadoras a cumplir con las normativas ambientales vigentes.
El cargamento asegurado quedó a disposición de la FGR, que continuará con las investigaciones para determinar el origen, destino y posibles responsables del tráfico ilegal.
Este tipo de decomisos se consideran clave para frenar redes que, además de dañar el ecosistema, podrían estar financiando actividades ilícitas en diversas regiones del país.
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