El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó su sentencia contra el Tren Maya, atribuyéndole daños graves, permanentes e irreversibles en los ecosistemas del sureste mexicano, configurando un caso de ecocidio y etnocidio. El veredicto, emitido originalmente en marzo de 2023 durante una sesión en Valladolid, Yucatán, responsabiliza al Gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por violar los derechos de la naturaleza y los colectivos del pueblo maya. Tras inspecciones en 2025 a los tramos 5, 6 y 7, el tribunal constató deforestación masiva, contaminación de cenotes y disrupción cultural, exigiendo la suspensión inmediata del proyecto, reparación de daños y desmilitarización de territorios indígenas.
La decisión, presentada durante la Semana del Clima en Nueva York, alerta sobre la expansión del turismo y el transporte de carga, que podrían agravar la fragmentación de hábitats y el despojo de tierras.
“El Tren Maya se impone mediante vacíos legales y violencia institucional, privando derechos de la naturaleza y pueblos mayas”, concluye el fallo, instando al Estado a adoptar medidas urgentes para proteger la biodiversidad y la autodeterminación indígena.
Inspecciones en 2025: Daños irreversibles en ecosistemas y comunidades
El tribunal, compuesto por expertos en derechos ambientales y pueblos originarios, realizó una misión de observación en abril de 2025, confirmando impactos en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. Entre los hallazgos: tala de millones de árboles en la selva, alteración de flujos hidrológicos que contaminan acuíferos y cuevas subterráneas, y destrucción de corredores biológicos para especies endémicas como el jaguar.
“Estos daños eran previsibles y se ignoraron, configurando ecocidio”, detalla la sentencia actualizada en septiembre.
Socialmente, se documentó etnocidio vía mercantilización cultural, desplazamiento de subsistencia tradicional (como la milpa) y ocupación territorial por Fuerzas Armadas, sin consentimiento libre e informado de comunidades mayas. “La ausencia de estado de derecho vulnera derechos humanos y territoriales”, advierte el fallo, citando testimonios del Consejo Indígena de Xpujil y colectivos como Ka’anan Ts’onot.
Antecedentes: De la denuncia en 2023 a la ratificación en 2025
La denuncia inició en marzo de 2023, con imputación fiscal y testimonios de afectados en Yucatán, Quintana Roo y Campeche. El tribunal escuchó a organizaciones como el Consejo Indígena de José María Morelos y expertos en biodiversidad, geopolítica y agrarios. En septiembre de 2023, emitió veredicto inicial por ecocidio y etnocidio, ordenando suspensión y reparación.
La actualización de 2025 incorpora la misión de abril, cuyos resultados completos se publicarán en noviembre. “La situación se agravó; el proyecto ignora derechos bioculturales”, concluye, enviando la sentencia a Sheinbaum y Alicia Bárcena (Semarnat) para acción inmediata.
El Tren Maya, con 1,500 km y 42 estaciones, promueve conectividad en la Península, pero críticos lo ven como megaproyecto extractivista. El Gobierno defiende su sostenibilidad, con 80% de viaductos elevados y restauración de 12,000 hectáreas. El fallo, no vinculante, presiona vía ONU y ONGs.
En un México dividido entre desarrollo y conservación, esta ratificación urge diálogo: ¿suspensión o mitigación? Los ecosistemas mayas esperan respuesta.
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