La Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo confirmó la apertura de una investigación judicial contra funcionarios públicos y particulares presuntamente vinculados a la red transnacional Bhardwaj Human Smuggling Organization (HSO), encabezada por el empresario Vikrant Bhardwaj y sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU. por tráfico de personas, lavado de dinero y nexos con el Cártel de Sinaloa.
El fiscal Raciel López Salazar reveló que las indagatorias, en curso desde hace más de un año, ya identifican «nombres en la mira» –incluyendo posibles servidores públicos municipales y un suplente de legislador– y podrían derivar en nuevas aprehensiones.
«No habrá excepciones; enfrentarán consecuencias legales», afirmó López en su rueda de prensa semanal, coordinando con la UIF y la FGR para rastrear activos.
La red, con operaciones en Cancún, movilizaba migrantes de Europa, Asia, Sudamérica y Oriente Medio a EE. UU. vía el Aeropuerto Internacional de Cancún, cobrando 5.000 a 15.000 dólares por persona en rutas aéreas y marítimas. El Tesoro estadounidense, en su anuncio del 30 de octubre, congeló bienes de Bhardwaj, su esposa Indu Rani, colaboradores como José Germán Valadez Flores (narcotraficante) y Jorge Alejandro Mendoza Villegas (expolicía con acceso al aeropuerto), más 16 empresas en Quintana Roo, México, India y Emiratos Árabes Unidos. López Salazar enfatizó: «Nuestros hallazgos coinciden con los documentos del Tesoro; manteníamos reserva para no entorpecer acciones, identificando rutas financieras y casas de resguardo».
Cómo operaba la red en el corazón turístico de Quintana Roo
La Bhardwaj HSO, una «organización sofisticada», combinaba yates privados, vuelos charter y sobornos para infiltrar migrantes en Cancún, coordinando su traslado norteño con apoyo del Cártel de Sinaloa. Valadez, empresario narco, facilitaba logística terrestre; Mendoza, exagente, usaba contactos aeroportuarios para entradas ilegales. Empresas fachadas como V&V Astillero y Operadora Turística Princesa en Cancún lavaban fondos vía turismo y bienes raíces, generando «miles de dólares por migrante», según la OFAC.
La FGE, en colaboración binacional desde meses, coteja datos: «Identificamos colaboradores locales y posibles colusiones institucionales; los llamados a declarar son inminentes». El 2 de noviembre, un cateo en un bar de Benito Juárez rescató a 14 mujeres víctimas de trata sexual, posiblemente ligada a la red, con un detenido y evidencias de explotación (60% de ganancias retenidas). López Salazar: «El caso abarca lavado y colaboración indebida; propiedades y cuentas ya están bajo vigilancia».
Justicia sin fisuras
La gobernadora Mara Lezama, en «La Voz del Pueblo» del 2 de noviembre, repudió: «Quintana Roo no tolera redes criminales; apoyamos la FGE para desmantelar nexos y proteger a migrantes». El gobierno estatal, vía Secretaría de Seguridad, anunció inspecciones en aeropuertos y marinas, alineado con el T-MEC y cooperación con la DEA.
La FGE insta a denuncias anónimas vía 800-00-987-90. López Salazar: «Cada pista fortalece el caso; Quintana Roo es puente de esperanza, no de sombras». Con 20 millones de turistas anuales, Cancún no puede ser refugio de criminales. Lezama, en tuit: «Justicia total para migrantes; nuestro turismo es limpio y humano».
En el Caribe Mexicano, donde el mar une destinos, este caso no divide; une en la lucha. La investigación avanza, y Quintana Roo clama: no más rutas ocultas.
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