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    Roberto Borge absuelto de delincuencia organizada y continúa proceso por presunto lavado de dinero

    Un juez federal absolvió al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge Angulo, del delito de delincuencia organizada. La Fiscalía General de la República (FGR) no logró acreditar su responsabilidad en este ilícito. Con esta resolución, Borge Angulo podría abandonar en los próximos días el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) de Ayala, Morelos, donde permanece recluido desde 2018. Sin embargo, continuará procesado por presunto lavado de dinero bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.

    La decisión judicial representa un importante avance para la defensa del exmandatario priista, aunque no significa su libertad total. El caso mantiene el interés de los quintanarroenses por el impacto que tuvo su administración en el patrimonio estatal.

    Trayectoria política de Roberto Borge Angulo

    Roberto Borge Angulo nació el 29 de diciembre de 1979 en Cozumel. Proviene de una familia con fuerte tradición política: es sobrino del exgobernador Miguel Borge Martín (1987-1993).

    Inició su carrera como jefe de relaciones públicas en la Secretaría de Desarrollo Económico. Después ocupó cargos cercanos al exgobernador Félix González Canto, como secretario particular, tesorero general y oficial mayor. En 2008 se convirtió en presidente estatal del PRI en Quintana Roo.

    Fue diputado federal por el I Distrito de 2009 a 2011. En 2011 ganó la gubernatura de Quintana Roo para el periodo 2011-2016, sucediendo a González Canto.

    Durante su gestión, Quintana Roo vivió un fuerte crecimiento turístico. Sin embargo, también enfrentó críticas por presuntos manejos irregulares de recursos públicos, incluyendo rentas de aeronaves y ventas de predios a precios cuestionables.

    Los antecedentes del caso y acusaciones

    La FGR acusó a Borge Angulo de aprovechar su cargo para rematar 22 predios de reservas territoriales en Cancún, Cozumel y Playa del Carmen a familiares, amigos y prestanombres. Esto generó un quebranto al erario estatal superior a los 900 millones de pesos.

    El 4 de junio de 2017, elementos de la Interpol lo detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo hacia París, Francia. Fue extraditado a México en enero de 2018 e ingresó al Ceferepsi de Morelos.

    En 2017, la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI lo expulsó del partido de manera unánime. Ya tenía suspendidos sus derechos como militante desde diciembre de 2016.

    Además de delincuencia organizada y lavado de dinero, enfrentó acusaciones por peculado y desempeño irregular de la función pública.

    Reacción ante la absolución

    La absolución por delincuencia organizada elimina la prisión preventiva oficiosa que impedía beneficios como la domiciliaria. Ahora, su defensa tramitará el cambio de medida cautelar en el proceso por lavado de dinero, que ya contaba con prisión domiciliaria desde etapas previas.

    “La FGR no presentó pruebas suficientes”, determinó el juez federal. Fuentes cercanas a la defensa confirmaron que Borge Angulo podría dejar el centro penitenciario en breve, siempre y cuando cumpla con los requisitos para el brazalete electrónico y la garantía económica.

    La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la FGR no han emitido declaraciones oficiales sobre esta resolución hasta el momento.

    Impacto en Quintana Roo

    Este caso marcó un capítulo polémico en la historia reciente de Quintana Roo. Organizaciones civiles como “Somos tus Ojos” exigieron en su momento juicio político contra Borge por la venta irregular de patrimonio estatal.

    Vecinos de zonas afectadas en Cancún, Playa del Carmen y Cozumel aún recuerdan las denuncias sobre predios vendidos por debajo de su valor real en áreas turísticas estratégicas.

    Mientras Borge Angulo avanza en su proceso judicial, Quintana Roo sigue consolidándose como uno de los principales desti


    nos turísticos de México, aunque con lecciones aprendidas sobre transparencia y rendición de cuentas en administraciones pasadas.

    Las autoridades estatales actuales han enfatizado en fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar que hechos similares se repitan.

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