Gerardo Fernández Noroña aseguró que el Senado sólo denunciará a perfiles con pruebas sólidas en la elección judicial. Admite que algunos ligados al narco se les “pasaron”.
Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, anticipó que el número de impugnaciones formales contra las candidaturas para la elección judicial será menor a 20. Aseguró que el Senado trabaja con prudencia para evitar que las denuncias sean vistas como ataques políticos y que todas estarán sustentadas con evidencia irrefutable.
“Estamos revisando porque sí queremos que sean elementos muy sólidos. No deseamos que se preste al golpeteo político, y que digan que estamos descalificando. Queremos presentar impugnaciones con elementos prácticamente indubitables”, afirmó Noroña este martes tras el simulacro nacional.
El senador también informó que ya se presentó una primera impugnación general contra el acuerdo del INE, pero el objetivo es avanzar con denuncias específicas y con sustento. “El área jurídica presentó una impugnación en general al acuerdo del INE, pero nosotros estamos interesados en presentar denuncias precisas”, reiteró.
El proceso de revisión está en curso y el área jurídica del Senado continúa armando los expedientes. Fernández Noroña admitió que el número final de impugnaciones podría ser menor al estimado originalmente.
“Quizá sean menos (de 20) inclusive, porque a la hora de armar los expedientes, nuestro compromiso es que sea”, explicó. Insistió en que la intención no es descalificar por consigna, sino con argumentos.
Tiempos y antecedentes judiciales preocupan al Senado
Faltando poco más de un mes para la elección judicial, Fernández Noroña señaló que aún hay tiempo suficiente para que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva las impugnaciones.
“Claro, lo pueden resolver la próxima semana. No sería el primer caso que un día antes de la elección se resuelva. Reitero, tampoco sería el primer caso de alguien que le ha sido retirada la candidatura”, explicó.
En declaraciones anteriores, el senador había señalado que existían al menos 20 perfiles con señalamientos cuestionables. Algunos de ellos se inscribieron automáticamente en el proceso de elección para refrendar su cargo, aprovechando el derecho otorgado por la reforma judicial.
Según Fernández Noroña, entre los perfiles bajo observación están jueces que, durante su desempeño, otorgaron amparos para liberar a miembros de la delincuencia organizada.
Admiten fallas: se colaron perfiles con nexos criminales
El legislador también reconoció que hubo omisiones dentro del Senado al momento de integrar los expedientes. “Sí, se nos pasaron algunos”, reconoció. En especial, señaló que fue la Cámara Alta la que recibió las solicitudes de los jueces en funciones, junto con las propuestas del Ejecutivo y el Judicial, para remitirlas al Instituto Nacional Electoral.
La declaración pone sobre la mesa la fragilidad de los filtros aplicados a los perfiles judiciales y evidencia que no hubo un escrutinio completo sobre los antecedentes penales o administrativos de los aspirantes.
Este descuido cobra especial relevancia considerando que algunos de los jueces beneficiados con el refrendo automático tienen antecedentes de favorecer a personas vinculadas con el crimen organizado. La controversia deja al descubierto una grieta en el sistema de selección y refuerza la exigencia de depurar el padrón de candidatos con criterios más rigurosos.
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