Un tribunal federal argentino decidió que la expresidenta Cristina Fernández Kirchner cumplirá su condena de seis años por corrupción en su domicilio, no en prisión. La sentencia, dictada el martes 17 de junio, se hizo efectiva de inmediato y responde a un reclamo de la defensa basado en razones de seguridad personal tras un atentado sufrido hace tres años.
El fallo sostiene que mantener a Fernández en una cárcel implicaría un riesgo significativo para su vida e integridad física. Esto, junto con la dificultad de garantizar su protección dentro del sistema penitenciario, llevó al tribunal a considerar la prisión domiciliaria como la única opción compatible con sus derechos fundamentales y los fines resocializadores de la pena.
Cristina Fernández, de 72 años, deberá permanecer en su apartamento en Buenos Aires, donde vivía antes de la condena. La exmandataria está obligada a no quebrantar esta condición salvo en casos excepcionales, y se le exige abstenerse de comportamientos que perturben la tranquilidad del vecindario. Para vigilar su cumplimiento, se le colocará un dispositivo electrónico que controlará sus movimientos.
Además, Fernández tendrá que presentar una lista con nombres de familiares, custodios, médicos y abogados autorizados a visitarla sin necesidad de permiso judicial. La medida genera preocupación, pues algunos ven en ella un privilegio para una política con sentencia firme, mientras otros argumentan que la seguridad debe ser prioridad.
La condena genera polarización en Argentina
Desde que la Corte Suprema ratificó la condena la semana pasada, decenas de simpatizantes de Fernández se congregaron frente a su vivienda para mostrarle apoyo, y ella salió a saludarlos desde el balcón. Las protestas y movilizaciones en torno a la figura de la exmandataria reflejan la profunda polarización que sigue generando en Argentina.
El tribunal desestimó el pedido de dos fiscales que exigían que Fernández cumpliera la pena en prisión, bajo el argumento de que no existían motivos suficientes de salud o personales para otorgarle trato especial. Sin embargo, la justicia optó por priorizar la seguridad física, sobre todo considerando el atentado del que fue víctima la exvicepresidenta en 2022, cuando un hombre intentó dispararle frente a su domicilio.
El antecedente del atentado fue clave en la resolución. El tribunal consideró que la convivencia con cualquier tipo de población penitenciaria dificultaría garantizar la protección necesaria. Además, aunque Fernández usó su edad —mayor de 70 años— como un atenuante para la prisión domiciliaria, el tribunal aclaró que este factor no fue decisivo, sino que la seguridad personal prevaleció.
Inhabilitada de forma perpetua para ejercer cargos públicos
La condena contra Fernández se basa en un caso de administración fraudulenta comprobado en licitaciones públicas para obras viales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015, durante la presidencia de su difunto esposo Néstor Kirchner y su propio mandato. Las licitaciones favorecieron de manera sistemática a empresas vinculadas a Lázaro Báez, empresario también condenado en el caso.
Esta condena implica que la líder peronista queda inhabilitada de manera perpetua para ejercer cargos públicos y no podrá presentarse como candidata a diputada provincial en las elecciones de septiembre en Buenos Aires, tal como ella había anticipado.
Fernández insiste en que la causa es una persecución política orquestada por sectores conservadores para sacarla del escenario político. Su caso es un reflejo del choque profundo que vive Argentina entre justicia, política y poder, donde la línea entre crimen y maniobra política se vuelve difusa.
Que Fernández evite la cárcel y cumpla su condena en arresto domiciliario es una decisión que levanta sospechas sobre la igualdad ante la ley y la efectividad del sistema judicial argentino. ¿Realmente pesa más su seguridad o es un privilegio para una figura que todavía divide aguas?
El caso seguirá siendo un punto de tensión en la política argentina, donde la justicia no sólo debe administrar castigos, sino también legitimar su autoridad en un país que observa con desconfianza a sus instituciones.
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