El gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump en su segundo mandato, ha otorgado un segundo contrato para la construcción del muro fronterizo con México, reactivando un proyecto clave en su política migratoria. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) informó que el nuevo tramo comprenderá 43 kilómetros en el condado de Santa Cruz, Arizona, dentro del sector Tucson, una zona identificada como de alto tránsito migratorio y tráfico de drogas.
Este nuevo contrato se enmarca dentro del plan del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para reforzar los controles en puntos críticos de la frontera, afectados por la suspensión de obras durante la administración del expresidente Joe Biden. Según un comunicado oficial, el muro contribuirá a cerrar brechas estratégicas que dejaron vulnerables zonas utilizadas por redes delictivas dedicadas al tráfico de personas y narcóticos.
Contrato millonario y exención oficial
La empresa Fisher Sand & Gravel Co. fue la beneficiada con el contrato, cuya cifra asciende a 309 millones 463 mil dólares (más de 6 mil millones de pesos mexicanos). El proceso fue facilitado por una exención emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, permitiendo así avanzar en el proyecto sin trabas administrativas.
Además del tramo en Arizona, se incluye la continuación del Muro del Valle del Río Grande, con 14.5 kilómetros ya definidos y la posibilidad de extenderse otros 12.8 kilómetros adicionales, reforzando la infraestructura en zonas históricamente utilizadas para cruces ilegales.
Una decisión alineada con la agenda migratoria de Trump
La reactivación de estos proyectos representa una clara continuación de la agenda migratoria de Trump, basada en medidas restrictivas y en el refuerzo físico de la frontera sur. Desde su regreso a la Casa Blanca, el mandatario ha insistido en priorizar la seguridad nacional mediante la contención migratoria, prometiendo cerrar rutas utilizadas por organizaciones criminales transnacionales.
“El sector Tucson es un punto clave de entrada ilegal al país, tanto de personas como de narcóticos. Este nuevo tramo del muro aumentará la capacidad operativa para disuadir y detener actividades criminales en la zona”, señaló el CBP.
Texas detiene su financiamiento local del muro
Paradójicamente, esta noticia surge horas después de que legisladores estatales en Texas anunciaran el fin al financiamiento estatal del muro fronterizo, impulsado previamente por el gobernador Greg Abbott. Tras cuatro años de promesas y construcción parcial, la medida estatal fue suspendida debido a la confianza en las “agresivas” políticas migratorias del presidente Trump, lo que permitió —según el propio gobernador— reasignar recursos a otras áreas del presupuesto estatal.
Hasta ahora, solo una fracción del muro prometido por Texas fue construida, una muestra de la complejidad financiera y política que ha implicado este tipo de infraestructura a nivel estatal.
La decisión del gobierno federal de reanudar la construcción del muro ha sido celebrada por sectores conservadores que respaldan una política migratoria de “cero tolerancia”, mientras que grupos defensores de derechos humanos y organizaciones pro migrantes han advertido sobre el impacto ambiental y humanitario de estas medidas.
A medida que la campaña electoral de 2026 se acerca, el tema migratorio volverá a ser un eje central del debate político en Estados Unidos, con el muro fronterizo como uno de los símbolos más visibles de las políticas de la actual administración.
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