En una decisión que podría redefinir el alcance de la educación pública en Estados Unidos, la Corte Suprema falló a favor de un grupo de padres que buscan excluir a sus hijos de materiales escolares con contenido LGBTQ. El fallo, aprobado por mayoría conservadora (6-3), se basa en la demanda de familias en el condado de Montgomery, Maryland, quienes argumentaron que la exposición obligatoria a dichos libros viola sus derechos religiosos.
Los padres, de credos musulmán, católico y ortodoxo ucraniano, impugnaron la política del distrito escolar que impide excluir a los estudiantes de la lectura de libros infantiles con temas como matrimonios del mismo sexo o celebraciones del Orgullo. Alegan que la política estatal les obliga a renunciar a su derecho a dirigir la educación moral y religiosa de sus hijos, lo que infringe la Primera Enmienda.
Nuevo precedente en educación pública y derechos religiosos
El juez Samuel Alito, en nombre de la mayoría, afirmó que el gobierno “grava el ejercicio religioso” de los padres al forzarlos a permitir que sus hijos reciban instrucción contraria a sus creencias. Según el fallo, el acceso gratuito a la educación pública no debe estar condicionado a aceptar contenidos que puedan “socavar” las convicciones religiosas familiares.
Aunque la disputa sigue activa en tribunales inferiores, la Corte concedió una orden judicial que permite, de manera provisional, a los padres optar por que sus hijos no participen en actividades educativas con estos libros. El caso podría sentar jurisprudencia para que los padres interfieran directamente en decisiones curriculares a nivel nacional.
La jueza Sonia Sotomayor, acompañada por las también juezas liberales Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, expresó su desacuerdo, advirtiendo que la decisión “desmantela la premisa fundamental de las escuelas públicas”, al poner el derecho individual de los padres por encima del objetivo colectivo de una educación plural y diversa.
“El fallo amenaza la esencia misma de la educación pública”, escribió Sotomayor. “Constitucionaliza el veto parental sobre decisiones curriculares que tradicionalmente recaían en los administradores escolares y la comunidad educativa”.
Leyes estatales y el efecto Trump
La decisión ocurre en un contexto nacional marcado por el auge de leyes que permiten a los padres excluirse de contenidos escolares relacionados con orientación sexual e identidad de género. Estados como Texas, Florida, Arkansas y Tennessee ya han promulgado normas similares. El caso de Florida, con su polémica ley “No digas gay”, marcó un punto de inflexión.
La administración del presidente Donald Trump respaldó la demanda de los padres de Maryland y ha abogado por cambios estructurales en el sistema educativo, incluyendo la eliminación del Departamento de Educación. El mandatario ha sido crítico abierto de las políticas de diversidad, equidad e inclusión y ha prometido reorientar el contenido escolar hacia “valores tradicionales”.
Mientras tanto, estados controlados por demócratas como California e Illinois han respondido prohibiendo las prohibiciones de libros, en un intento por blindar la educación pública ante presiones conservadoras.
El grupo PEN America ha documentado más de 16,000 prohibiciones de libros desde 2021, cifra que se aproxima a niveles no vistos desde el macartismo en los años 50. Solo en el ciclo escolar 2023-2024 se registraron más de 10,000 casos.
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