A pesar de los avances jurídicos en materia de derechos humanos, México mantiene una realidad desigual en el reconocimiento legal de la identidad de género, especialmente para las personas trans. Aunque la Constitución —en su artículo 1º— prohíbe la discriminación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha establecido desde 2019 que el reconocimiento de género debe ser accesible mediante trámite administrativo, sin requerir diagnósticos médicos ni intervención judicial, su aplicación efectiva varía en cada estado.
Una lucha territorial por el derecho a ser
Según el mapa elaborado con datos de Human Rights Watch (HRW) y difundido por El Economista, se evidencian tres realidades en el país:
- 🟥 Estados en rojo: No cuentan con procedimientos administrativos para acceder a la identidad de género. Esto implica una negación práctica del derecho a personas trans, obligándolas a recurrir a instancias judiciales o incluso migrar a otras entidades.
- 🟨 Estados en amarillo: Tienen procedimientos administrativos, pero sin respaldo legislativo, lo que significa una fragilidad jurídica para quienes acceden al trámite, pues podrían enfrentarse a obstáculos institucionales.
- 🟩 Estados en verde: Cuentan con procesos administrativos con respaldo legislativo formal, lo cual garantiza un marco legal claro, seguro y respetuoso de los derechos de las personas trans.
Diez estados aún rezagados
Pese a la jurisprudencia de la SCJN, 10 estados no han establecido el marco legal necesario para garantizar este derecho de forma efectiva. Esto refleja una deuda pendiente con la comunidad trans, históricamente marginada y una de las más vulnerables a la discriminación, violencia y exclusión social.
El avance ha sido significativo en los últimos años, y cada vez más entidades han reformado sus códigos civiles para incluir el reconocimiento del género autopercibido. Sin embargo, el ritmo ha sido desigual, lo que genera brechas de acceso a derechos básicos como la identidad, la salud, la educación y el empleo.
Reconocer no es opcional: es un derecho humano
La identidad de género no debe estar sujeta a decisiones locales que contradigan principios constitucionales y tratados internacionales suscritos por México. Tal como lo indica la SCJN, las personas trans tienen derecho a que su identidad sea reconocida sin patologización ni judicialización, y los estados deben adecuar sus leyes para garantizarlo.
Frente a ello, organizaciones como HRW y activistas por los derechos LGBTIQ+ siguen exigiendo una armonización legislativa nacional, donde todas las personas, sin importar su estado de residencia, puedan ejercer plenamente su derecho a la identidad.
El reto está planteado: cerrar la brecha territorial y construir un país donde la identidad no sea motivo de exclusión, sino un derecho garantizado para todas las personas.
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