Prisión provisional comunicada y sin fianza para Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y mano derecha del presidente Pedro Sánchez. Así lo determinó este lunes el juez Leopoldo Puente, titular del Tribunal Supremo de España, en el marco del escándalo conocido como caso Koldo.
La decisión se dio tras la declaración de Cerdán ante el alto tribunal, en la que negó cualquier participación en sobornos, amaños de obra pública o transferencias irregulares al PSOE. Sin embargo, la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones lideradas por el Partido Popular (PP) solicitaron su encarcelamiento inmediato por riesgo de fuga y posible destrucción de pruebas.
Riesgos procesales y audios incriminatorios
El Ministerio Público justificó su petición alegando que Cerdán podría obstruir el proceso judicial o escapar del país, como ya había advertido el PP desde la semana anterior en las comparecencias por el mismo caso. El juez Puente coincidió con esta valoración y decretó la medida de prisión preventiva, convirtiéndose en la primera orden de este tipo dentro de la investigación.
Durante su comparecencia, Cerdán insistió en su inocencia. Alegó que la causa judicial es una represalia política por sus negociaciones con el PNV y EH Bildu durante la última investidura de Sánchez. También afirmó que el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, será “el próximo perseguido” por haber dialogado con Junts.
Respecto a los audios que sirvieron de base para el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, grabaciones realizadas por el exasesor Koldo García, Cerdán cuestionó su autenticidad y anunció que solicitará una prueba pericial para verificar su integridad.
620 mil euros en mordidas y vínculos con empresa pantalla
El informe de la UCO, que consta de 490 páginas, detalla una presunta trama de cobro de sobornos que vincula a Cerdán con pagos provenientes de la empresa Acciona. En concreto, se indica que habría gestionado la entrega de 620,000 euros destinados a José Luis Ábalos y al propio Koldo García. Aún quedarían pendientes 450,000 euros, según los audios interceptados.
En los registros judiciales también apareció un contrato firmado por Cerdán para adquirir el 45 % de la empresa navarra Servinabar 2000 S.L., implicada como fachada de la trama. Según los investigadores, esta constructora habría servido para desviar recursos de obras públicas hacia la red de políticos y empresarios beneficiados.
Cerdán sostuvo que su relación con esa empresa fue meramente personal e independiente de cualquier trama. No obstante, los documentos hallados y las conversaciones interceptadas indican una coordinación sistemática con Ábalos y García en el manejo de fondos vinculados a adjudicaciones.
Crisis política en el PSOE
El encarcelamiento de quien fue considerado el principal operador político de Pedro Sánchez representa un golpe político directo al actual gobierno español. En el PSOE no se han emitido comunicados oficiales, pero fuentes internas admiten preocupación por el desgaste institucional que la trama podría provocar.
Analistas señalan que esta decisión judicial no solo agrava la crisis del partido, sino que también acelera el desgaste de la figura del propio presidente, en un contexto donde la oposición ya exige responsabilidades directas.
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