El gobierno de Estados Unidos evalúa ordenar al Departamento de Justicia (DOJ) priorizar la revocación de la ciudadanía a personas naturalizadas que hayan cometido ciertos delitos graves, incluso si estos ocurrieron antes de obtener su estatus legal. Esta medida, revelada en un memorando fechado el 11 de junio, plantea abrir la puerta a procesos civiles de desnaturalización sin derecho a abogado de oficio, lo que podría afectar a miles de inmigrantes.
Prioridad en estudio para la desnaturalización
Según el memorando firmado por el fiscal adjunto Brett A. Shumate, el DOJ consideraría incluir la desnaturalización entre sus cinco principales prioridades de ejecución civil. Se centraría en casos de fraude, ocultamiento de información o conductas criminales graves.
Entre los delitos señalados están:
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Delitos sexuales, como abuso infantil y trata de personas
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Violaciones a la seguridad nacional, incluyendo terrorismo o espionaje
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Fraudes financieros, como los vinculados a programas de ayuda por la pandemia
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Crímenes violentos no revelados durante el proceso de naturalización
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Participación en organizaciones criminales o grupos armados ilegales
El documento permite a los fiscales ampliar los casos bajo criterio propio, generando preocupación por la discrecionalidad y falta de límites claros.
Caso emblemático y críticas legales
Un ejemplo concreto de estas políticas es Elliott Duke, persona no binaria originaria del Reino Unido, cuya ciudadanía fue revocada el 13 de junio por un tribunal federal en Louisiana. Duke fue condenado por distribución de material de abuso sexual infantil, delito que omitió al solicitar la naturalización en 2013.
El DOJ usó un proceso civil, que no garantiza abogado de oficio ni permite defensa plena. Duke, que renunció a su ciudadanía británica, quedó en situación de apatridia y sin poder asistir a la audiencia. Declaró a NPR sentirse “completamente desprotegide”.
Expertos como Cassandra Robertson, profesora de derecho constitucional, critican la medida por violar el debido proceso y la Enmienda 14 de la Constitución. Afirma que crea una “ciudadanía de segunda clase”. Steve Lubet, profesor emérito, alerta sobre el “efecto dominó” para familias: si un padre pierde la ciudadanía, ¿qué pasa con sus hijos?
Historia y contexto del mecanismo
La desnaturalización no es nueva. En la era McCarthy (años 40 y 50) se aplicó masivamente contra sospechosos de comunismo o nazismo. En su pico hubo más de 22,000 casos anuales. En 1967, la Corte Suprema limitó su uso al considerar que creaba niveles de ciudadanía incompatibles con la democracia.
Sin embargo, la política fue retomada por Barack Obama con herramientas digitales y ampliada por Donald Trump, quien impulsó litigios civiles en la “Operación Janus”. Ahora, bajo la administración actual, se analiza redefinir la política migratoria con esta medida, eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento y endurecer condiciones migratorias.
Riesgos y discrecionalidad excesiva
Organizaciones legales advierten que la carga probatoria reducida facilita abusos y errores. La amplia discrecionalidad del DOJ puede generar decisiones arbitrarias o politizadas.
Hans von Spakovsky, de la Fundación Heritage, defiende la medida. Sostiene que quienes abusan del privilegio deben perderlo, y que no se violan derechos constitucionales al usar procesos civiles sin abogado.
Aunque no se sabe cuántos casos avanzarían bajo esta propuesta, la medida podría afectar a personas sin delitos graves pero con errores u omisiones. Esto genera preocupación por un uso excesivo y peligroso del poder estatal.
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