Una jueza federal en California ordenó al gobierno de Donald Trump cesar las redadas migratorias indiscriminadas en el sur del estado que se basan en perfiles raciales, como el color de piel, el idioma hablado o el tipo de empleo de las personas. La decisión, emitida por la jueza Maame Frimpong, también prohíbe restringir el acceso de abogados a los migrantes detenidos en el centro de detención B-18 en Los Ángeles, garantizando su representación legal durante días hábiles, fines de semana y festivos.
La orden responde a una demanda presentada la semana pasada por personas afectadas y organizaciones defensoras de derechos humanos, incluyendo la Unión Estadounidense de Libertades Civiles del Sur de California (ACLU SoCal). Los demandantes denunciaron múltiples violaciones constitucionales en las redadas, que comenzaron hace un mes en el área metropolitana de Los Ángeles y han generado fuerte rechazo social, con enfrentamientos entre agentes y comunidades, consolidando a California como un símbolo de resistencia contra las políticas migratorias de Trump.
La ACLU SoCal detalló que la orden judicial prohíbe a los agentes de inmigración detener a personas sin una sospecha razonable, basándose en factores como raza, etnia, hablar español o inglés con acento, tipo de empleo o presencia en lugares como estaciones de autobús, lavaderos de autos o explotaciones agrícolas. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) negó las acusaciones de perfilamiento racial, calificándolas como “repugnantes y categóricamente falsas”.
La demanda fue impulsada por incidentes como el del 22 de junio, cuando hombres enmascarados con chalecos de la Patrulla Fronteriza detuvieron violentamente a trabajadores, según videos virales. Enmanuel, dueño de uno de los lugares afectados, denunció que los agentes ingresaron a la fuerza a áreas restringidas, como túneles con maquinaria, y usaron fuerza excesiva. Familiares de los detenidos reportaron incomunicación y arrestos basados en perfiles raciales.
“Sin importar el color de piel, el idioma o el lugar de trabajo, todos tienen derechos constitucionales que los protegen de detenciones ilegales”, afirmó Mohammad Tajsar, abogado principal de ACLU SoCal, tras la decisión judicial.
La orden representa un freno a las prácticas migratorias denunciadas y refuerza la protección de los derechos de los migrantes en California, en un contexto de crecientes tensiones por las políticas migratorias del gobierno federal.
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