La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, firmó este viernes una orden ejecutiva destinada a proteger a las comunidades inmigrantes de la ciudad, en respuesta a las redadas migratorias que han generado caos en la región durante el último mes. Calificadas por Bass como “ilegales y caóticas”, estas operaciones, atribuidas a la política migratoria del gobierno de Donald Trump, han llevado a la demócrata a implementar medidas para contrarrestar su impacto.
La orden ejecutiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para aplicar leyes migratorias federales, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, crea un grupo de trabajo dentro del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas consideradas ilegales. “Esta orden es necesaria para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria de la Administración Trump”, afirmó Bass, subrayando su compromiso de desplegar todos los recursos disponibles para apoyar a las comunidades inmigrantes.
La alcaldesa denunció un reciente operativo en el Parque MacArthur, un punto emblemático para la comunidad centroamericana, donde el lunes pasado agentes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) desplegaron un helicóptero, vehículos blindados y efectivos a caballo sin el permiso de la ciudad. Bass calificó estas acciones como un intento de “atemorizar” a los angelinos.
“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas, y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió.
Además, Bass anunció que la ciudad se unió a una demanda presentada la semana pasada contra el gobierno federal, alegando que las redadas en Los Ángeles y sus alrededores violan derechos constitucionales y se basan en perfiles raciales. Esta acción legal se suma a la orden judicial emitida por la jueza Maame Frimpong, que prohíbe detenciones migratorias basadas en raza, etnia o idioma en el sur de California.
La orden ejecutiva de Bass refuerza la posición de Los Ángeles como un bastión de resistencia frente a las políticas migratorias de Trump, priorizando la protección de sus comunidades inmigrantes y el respeto a sus derechos en un contexto de creciente tensión con las autoridades federales.
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