En el corazón de Guerrero, uno de los estados más violentos de México, dos figuras eclesiásticas han optado por un camino que desafía los límites del ministerio y la seguridad: negociar directamente con cárteles del narcotráfico para reducir la violencia y proteger a las comunidades.
Los sacerdotes Filiberto Velázquez y el obispo emérito Salvador Rangel Mendoza se han convertido en mediadores no oficiales entre grupos delictivos rivales. Su labor ha generado respeto, controversia y, sobre todo, resultados tangibles: treguas que han evitado masacres, liberaciones de secuestrados y pactos temporales de no agresión en zonas devastadas por el crimen.
Un frente moral en territorio del narco
Guerrero es un mosaico de intereses criminales donde operan al menos 16 células, entre ellas Los Tlacos, La Familia Michoacana y Los Ardillos, que se disputan municipios enteros a punta de fuego, extorsión y desplazamientos forzados.
En ese contexto, el padre Filiberto Velázquez, líder del Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello”, ha fungido como canal de diálogo entre cárteles enfrentados. En 2024, medió en la tregua entre Los Tlacos y La Familia Michoacana, un acuerdo que, aunque informal, logró reducir enfrentamientos armados.
La labor de Velázquez no está exenta de peligro. En 2021, denunció la tortura de su sobrino por agentes ministeriales. Poco después, fue amenazado por sujetos armados. Ante la omisión de las autoridades, recurrió al líder de Los Ardillos, Celso Ortega, para frenar las agresiones. Una acción que le valió tanto críticas como respaldo de las comunidades donde el Estado no tiene presencia efectiva.
Diálogo con criminales para frenar el caos
El obispo emérito Salvador Rangel, conocido por su capacidad de interlocución con actores del crimen organizado, fue pionero en abrir canales de comunicación con líderes del narco. Durante su gestión en la diócesis de Chilpancingo-Chilapa, Rangel tuvo contacto directo con capos para evitar matanzas o gestionar la liberación de personas privadas de la libertad.
Su visión fue clara: “Si no habla uno con ellos, ¿cómo entiende sus códigos y evita tragedias?”, declaró en múltiples ocasiones.
Aunque su cercanía con ciertos grupos —como Los Ardillos— ha generado controversia, sus gestiones derivaron en disminuciones reales de la violencia. En 2022 dejó el cargo por motivos de edad, pero su figura sigue influyendo en el ámbito pastoral y comunitario.
El precio de intervenir: amenazas, desapariciones y silencio institucional
En abril de 2025, la desaparición de Rangel en Morelos sacudió a la Iglesia. Apareció dos días después en un hospital, sin querer presentar denuncia. “Perdono a quienes me hicieron daño”, dijo, reforzando su papel como pacificador, aunque algunos lo acusaron de exponerse sin protección institucional.
Ambos sacerdotes coinciden en una idea inquietante: el poder real en Guerrero ya no está en el gobierno, sino en manos del crimen organizado. Sus denuncias señalan complicidad de autoridades locales y la inacción federal, dejando a la Iglesia como único actor con capacidad de mediación.
La intervención de estos clérigos va más allá de lo espiritual. Se trata de una diplomacia informal en contextos donde no hay ley, ni confianza en las instituciones. Conocen el territorio, los códigos, y hablan un lenguaje que los grupos criminales respetan: el de la comunidad.
La reciente tregua confirmada entre Los Tlacos y La Familia Michoacana no es un milagro: es el resultado de años de presencia pastoral, valentía y contacto directo con el epicentro del horror. Y aunque temporal, representa un respiro en un estado donde la violencia se ha vuelto endémica.
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