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    Gobierno de Quintana Roo creará Universidad de Seguridad y centraliza el control del Instituto de Transparencia

    El Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la creación de la Universidad de Seguridad Ciudadana y una controvertida reforma a la Ley de Transparencia que subordina el Instituto de Acceso a la Información Pública al Ejecutivo estatal. Ambas decisiones generaron un intenso debate entre legisladores sobre autonomía, profesionalización policial y concentración del poder en el gobierno.

    Nueva universidad para profesionalizar la seguridad pública

    Durante la sesión ordinaria, el diputado Ricardo Velazco Rodríguez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Protección Civil y Bomberos, defendió la creación de la nueva universidad. Según explicó, su propósito es profesionalizar a los elementos estatales y municipales encargados de la seguridad ciudadana, y ofrecer programas académicos abiertos a la población.

    “El objetivo es impartir educación superior especializada en seguridad ciudadana, justicia, legalidad y derechos humanos. Queremos un modelo educativo público, transparente y progresivo”, expuso Velazco ante el Pleno.

    El decreto establece que la institución se integrará al sistema estatal como un organismo descentralizado con autonomía técnica y administrativa, aunque bajo supervisión del gobierno. Además, ampliará el acceso a la educación superior en materia de seguridad, fortaleciendo las capacidades institucionales del Estado.

    Junto con esta medida, el Congreso aprobó una reforma a la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, con el fin de actualizar los criterios de crecimiento urbano y participación ciudadana. Sin embargo, el debate más fuerte se centró en la transparencia.

    Reforma polémica: el Instituto de Transparencia dependerá del Ejecutivo

    El dictamen aprobado incluye modificaciones a la Constitución estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública y la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales. En la práctica, estos cambios eliminan la autonomía del Instituto de Acceso a la Información Pública, que ahora dependerá directamente de la administración estatal.

    El diputado José Luis Pech Várguez se opuso con firmeza a la reforma. “No es posible que el propio gobierno se vigile. Los institutos de transparencia deben ser órganos independientes”, advirtió. Además, acusó al bloque oficialista de frenar iniciativas que incomodan al partido en el poder, como la conocida “Ley Chaleco”, que él mismo impulsó para fortalecer la rendición de cuentas.

    En respuesta, el legislador Alberto Batun Chulim negó haber recibido formalmente dicha iniciativa y defendió el proceso. Otros diputados, como César Frías Canché, justificaron la reforma con el argumento de “abrir el gobierno al pueblo”, al crear un nuevo “Instituto Quintanarroense para el Pueblo”.

    Debate tenso en el Congreso

    El debate subió de tono cuando legisladores intercambiaron acusaciones de protagonismo y ausentismo. Euterpe Gutiérrez Valasis pidió a sus colegas “no usar la tribuna para fines personales” y defendió la creación del nuevo instituto, argumentando que lo importante es su funcionalidad, no su independencia.

    Por su parte, la diputada Lili Inés Mis Martínez llamó al respeto mutuo y advirtió sobre el riesgo de trivializar la discusión. Mientras tanto, Hugo Alday Nieto retomó la parte técnica de la reforma, señalando que se incluirá la obligación de registrar versiones estenográficas de todas las sesiones legislativas, lo que permitirá un mejor seguimiento público.

    El cierre del debate lo marcó el diputado Renán Sánchez Tajonar, quien aprovechó para recordar el caso del “crematorio Xibalbá”, calificándolo como “acto de crueldad y estafa”. Reconoció la rápida actuación del gobierno estatal y de la Fiscalía en ese caso, para ejemplificar la importancia de fortalecer las instituciones locales.

    Autonomía o control político

    Las reformas dejan una lectura clara: mientras el gobierno estatal busca consolidar un modelo centralizado de administración pública, parte de la oposición advierte sobre la pérdida de autonomía de los órganos garantes. El tiempo dirá si la nueva estructura mejora la eficacia institucional o limita la transparencia en Quintana Roo.

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