La Ciudad de México enfrenta las secuelas judiciales de la marcha convocada por la llamada ‘Generación Z’, realizada el pasado sábado en el Centro Histórico. Diez personas fueron presentadas ante un juez de control del Reclusorio Norte, quien confirmó la legalidad de las detenciones y abrió procesos por lesiones, robo y otros delitos. El caso expone la tensión entre las protestas juveniles y la respuesta policial, mientras siguen abiertas carpetas por tentativa de homicidio. En este primer tramo de audiencias, cinco personas quedaron vinculadas y continuarán su proceso en libertad, mientras que otras cinco permanecerán bajo prisión preventiva hasta que el juez defina su situación jurídica el viernes.
Juez determina medidas cautelares divergentes
El juez encontró elementos suficientes para procesar a Daniel David ‘N’, de 20 años; José Luis ‘N’, de 22; y Enrique ‘N’, de 23 años, por lesiones dolosas contra dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Los tres enfrentarán el proceso en libertad, con firma quincenal y prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas. La autoridad judicial consideró que no existía riesgo de fuga, por lo que impuso medidas menos restrictivas.
Además, otras dos personas fueron imputadas por el mismo delito y recibieron idénticas medidas cautelares. Sus defensas alegaron uso excesivo de fuerza durante las detenciones, pero el juzgador sostuvo que los elementos presentados hasta ahora acreditan la participación en las agresiones ocurridas durante la movilización.
Mientras tanto, el escenario fue distinto para José Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Bryan Mario ‘N’, Bryan ‘N’ y Eduardo ‘N’. Sus representantes legales solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que la situación jurídica de los cinco se resolverá el viernes. El juez ordenó prisión preventiva justificada ante la falta de arraigo domiciliario y otros indicios expuestos por la Fiscalía capitalina. La resolución generó inconformidad entre familiares y activistas presentes en la sala.
En el caso de Eduardo ‘N’, la defensa denunció que fue víctima de tortura en su detención. El juez instruyó aplicar el Protocolo de Estambul para determinar si hubo violaciones a derechos humanos, una medida poco frecuente en audiencias de control pero relevante para esclarecer los hechos.
En paralelo avanzan casos por tentativa de homicidio
No todas las causas penales derivadas de la marcha avanzan al mismo ritmo. En el Reclusorio Norte continúan audiencias de ocho personas más, acusadas de tentativa de homicidio en carpetas distintas, pero vinculadas a los hechos violentos de la protesta. La Fiscalía capitalina sostiene que varios ataques contra policías pudieron tener intención letal, mientras que las defensas niegan esta narrativa y aseguran que las acusaciones son desproporcionadas.
La marcha de la ‘Generación Z’ derivó en enfrentamientos frente a Palacio Nacional, donde un grupo identificado como “bloque negro” derribó vallas y lanzó objetos contra elementos de seguridad. Las detenciones ocurrieron en distintos momentos de la jornada y, según activistas, incluyeron a jóvenes que no participaron en los disturbios. El Poder Judicial afirmó que cada caso se analiza de manera individual.
La discusión pública continúa creciendo, alimentada por cuestionamientos sobre el uso de la fuerza y el alcance del derecho a la protesta. Organizaciones civiles piden revisar la actuación policial, mientras autoridades de la Ciudad de México defienden la legalidad de los operativos.
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