Un informe del Center for the Study of Democracy advierte que Rusia, China e Irán han consolidado una red de influencia en América Latina mediante alianzas con estructuras criminales, empresas fachada y plataformas mediáticas. El estudio detalla que estas potencias combinan inversión legal con desinformación, tráfico ilícito y cooperación militar, lo que genera presión sobre las instituciones democráticas y plantea riesgos para la seguridad regional.
El documento, titulado “Alianzas en la sombra: Potencias autoritarias y el nexo de la guerra híbrida en América Latina”, expone un modelo de actuación que integra herramientas estatales con redes ilegales. Los investigadores Martin Vladimirov, Sara Gálvez y Brendon Zhan sostienen que esta estrategia permite a estos países avanzar en sus objetivos sin asumir responsabilidad directa, al mantener una estructura de operación indirecta.
En ese contexto, el informe identifica cuatro ejes de acción: económico-comercial, informativo-cultural, criminal-financiero y militar-seguridad. Esta combinación configura un modelo de influencia que no solo se limita a la inversión o cooperación formal, sino que incorpora mecanismos paralelos que operan en zonas grises.
Estrategia económica y presencia en sectores clave
China encabeza la expansión económica en la región. Su participación en el comercio es significativa: representa el 10.2% del intercambio en México, el 19.6% en Colombia, el 13.5% en Argentina, el 24.3% en Venezuela y el 20.8% en Bolivia. A través de financiamiento a infraestructura, préstamos y acuerdos financieros, Beijing ha consolidado su presencia en proyectos estratégicos.
Entre estos destacan obras como el Metro de Bogotá y diversos proyectos energéticos y logísticos. Si bien estas inversiones se presentan como cooperación económica, el informe advierte que pueden generar dependencia a largo plazo y abrir espacios para operaciones menos transparentes.
Por otro lado, Rusia mantiene una estrategia más focalizada, pero con impacto relevante. Empresas como Rosneft, Gazprom y EuroChem generan ingresos anuales cercanos a los 10 mil millones de dólares en la región. En Brasil, Rusia suministra más del 90% del diésel importado y cerca del 40% de fertilizantes.
Estas actividades, aunque legales, también pueden servir como plataformas para operaciones financieras complejas, incluyendo evasión de sanciones y movimientos de capital a través de estructuras offshore.
Desinformación y vínculos con redes ilícitas
El informe también documenta la expansión de redes de influencia mediática. Rusia opera con plataformas como RT y Sputnik, además de alianzas con medios locales. Se menciona una estructura denominada “La Compañía”, vinculada al aparato de inteligencia militar, que habría financiado contenidos en países como Argentina y Bolivia.
China, por su parte, amplía su presencia mediante Institutos Confucio y acuerdos de cooperación mediática. También participa en la formación de periodistas y en el suministro de tecnología digital. En paralelo, Irán utiliza canales como HispanTV y alianzas regionales para difundir su narrativa.
En el ámbito criminal, el documento señala que China figura como proveedor relevante de precursores químicos utilizados en la producción de fentanilo y metanfetaminas en México. Autoridades estadounidenses detectaron redes que habrían lavado hasta 312 mil millones de dólares entre 2020 y 2024 mediante sistemas financieros informales.
Rusia, en paralelo, participa en actividades vinculadas a la minería ilegal en Venezuela y al comercio de oro. El grupo Wagner aparece como actor en la protección de operaciones extractivas y entrenamiento de milicias. Irán y Hezbollah operan corredores en América Latina para tráfico de recursos y lavado de dinero.
Cooperación militar y retos para la región
En el ámbito de seguridad, Rusia ha suministrado equipo militar como helicópteros y sistemas S-300, además de desarrollar infraestructura como una planta de municiones en Venezuela. En Nicaragua, estableció centros de entrenamiento policial y de inteligencia.
En México, el informe señala que un porcentaje significativo de armas decomisadas entre 2022 y 2024 tendría origen ruso. Mientras tanto, China y Rusia exportan tecnologías de vigilancia que pueden ser utilizadas tanto por gobiernos como por redes criminales.
Irán complementa este esquema con el suministro de drones y capacidades de guerra electrónica. Estas acciones diluyen las fronteras entre actores estatales y no estatales, lo que complica la respuesta institucional.
El análisis concluye que esta convergencia representa un desafío estructural para América Latina. Las instituciones enfrentan la necesidad de reforzar mecanismos de control, transparencia y cooperación internacional para mitigar riesgos.
Expertos anticipan que la presión sobre la región podría intensificarse en los próximos años, especialmente en países con debilidad institucional. El equilibrio entre soberanía, seguridad y desarrollo económico se perfila como uno de los principales retos en este escenario.
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