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    “Narconómina” de Los Chapitos: filtraban operativos, autorizaban venta de drogas y portar armas

    El Departamento de Justicia de EE. UU. reveló que la llamada “narconómina” de Los Chapitos permitió al Cártel de Sinaloa contar con protección sistemática por parte de funcionarios estatales y municipales. Según la acusación, a cambio de millonarios sobornos, los servidores públicos filtraban información de operativos federales, permitían la venta de drogas y autorizaban la portación de armas de alto poder.

    Antecedentes y trayectoria de Los Chapitos

    Los Chapitos es la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán: Iván Archivaldo Guzmán Salazar (“El Chapito”), Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio Guzmán López (detenido en 2023 y extraditado a EE. UU.). Surgieron como grupo independiente tras la detención de su padre en 2016 y se consolidaron tras la salida de Ismael “El Mayo” Zambada en 2024.

    Esta facción es considerada una de las más violentas y tecnológicamente avanzadas del cártel. Se especializan en la producción y tráfico de fentanilo hacia EE. UU., controlan importantes rutas en Sinaloa, Sonora y parte de Chihuahua, y han mantenido una guerra abierta contra la facción de “Los Mayos” por el control del cártel.

    Cómo operaba la “narconómina”

    De acuerdo con la acusación del Distrito Sur de Nueva York, Los Chapitos pagaban mensualmente importantes cantidades de dinero a funcionarios de los tres niveles de gobierno en Sinaloa. Estas “ayudas” incluían:

    • Filtración de información confidencial sobre operativos de la Sedena, Guardia Nacional y FGR.
    • Permiso para operar puntos de venta de drogas en diferentes regiones del estado.
    • Autorización para que sicarios y operadores del cártel portaran armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

    Esta red de corrupción habría sido clave para que la facción mantuviera el control territorial y continuara con sus actividades ilícitas sin mayor interferencia.

    La información forma parte de la acusación formal presentada el 29 de abril de 2026 contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y varios de sus exfuncionarios más cercanos. Las autoridades estadounidenses sostienen que esta estructura de protección fue fundamental para que Los Chapitos consolidaran su poder tras la detención de Ovidio Guzmán.

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