El gobierno de Estados Unidos inició el proceso para crear una flota aérea propia destinada a vuelos de deportación, repatriaciones y misiones estratégicas, con el objetivo de reducir la dependencia de aeronaves chárter y fortalecer su política migratoria.
La administración del presidente Donald Trump dio un nuevo paso en su estrategia para endurecer la política migratoria al iniciar el proceso para conformar una flota aérea propia que será utilizada en vuelos de deportación, repatriaciones voluntarias y otras operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
Como parte del proyecto, el DHS lanzó una convocatoria para contratar a una empresa especializada que se encargue de operar y dar mantenimiento a las aeronaves, las cuales deberán estar disponibles las 24 horas del día para atender misiones tanto dentro como fuera de Estados Unidos.
La propuesta contempla la incorporación de dos aviones ejecutivos C-37B, o su equivalente Gulfstream G650ER, y siete Boeing 737-700 o modelos similares, además de pilotos, copilotos, tripulación, personal de seguridad y, cuando sea necesario, equipos médicos para atender vuelos especiales.
Buscan reducir la dependencia de vuelos chárter
Actualmente, la mayoría de las deportaciones realizadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) se efectúan mediante aeronaves privadas contratadas a terceros. Sin embargo, el gobierno estadounidense considera que operar una flota propia permitirá disminuir la dependencia de esos servicios y mejorar la capacidad de respuesta en operaciones migratorias.
De acuerdo con la convocatoria, los aviones también podrán utilizarse para traslados de equipos de respuesta a emergencias, evacuaciones médicas, misiones de alto riesgo y transporte de altos funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional en actividades oficiales y diplomáticas.
La dependencia precisó que la convocatoria corresponde a un estudio de mercado previo a la licitación formal del contrato que definirá a la empresa responsable de las operaciones aéreas.
La medida forma parte del endurecimiento de la política migratoria
El fortalecimiento de la infraestructura aérea se suma a las acciones impulsadas por la administración de Trump para incrementar las deportaciones, ampliar la capacidad de los centros de detención y reforzar la vigilancia en la frontera con México.
La iniciativa comenzó durante la gestión de la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y forma parte del plan para dotar al gobierno federal de una capacidad aérea permanente, en lugar de depender exclusivamente de empresas privadas.
Aunque el proyecto ha recibido recursos federales para fortalecer las operaciones migratorias, también ha generado cuestionamientos de legisladores demócratas y organismos de supervisión, que consideran excesivo el gasto destinado a la adquisición de aeronaves y otros equipos.
Un contrato previsto para cinco años
La convocatoria establece que el contrato podría iniciar el 28 de julio de 2027 y extenderse hasta el 27 de julio de 2032, aunque el Departamento de Seguridad Nacional aún no ha informado el monto estimado de la licitación.
Pese a los cambios recientes en la dirección del DHS, la publicación de la convocatoria confirma que la administración estadounidense mantiene entre sus prioridades el fortalecimiento de la infraestructura destinada a ejecutar su política migratoria y aumentar su capacidad operativa para realizar deportaciones.
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