La presidenta municipal informó que hay servidores públicos de administraciones anteriores y de la actual bajo investigación de la Contraloría, sin precisar nombres ni cantidades.
Mercado pide respetar el debido proceso en el caso Lili Campos
Al referirse a la detención de la exalcaldesa Lili Campos, la presidenta municipal de Playa del Carmen, Estefanía Mercado, señaló que corresponde a las autoridades competentes informar sobre el procedimiento y la situación jurídica de su antecesora.
La alcaldesa afirmó que el Ayuntamiento debe colaborar con las instancias responsables y garantizar el respeto a la ley y al debido proceso.
“Las declaraciones se las tienen que dar las autoridades competentes. Nosotros como municipio y como administración solo nos toca coadyuvar, por supuesto apelar a que se respete la ley, pero algo sumamente importante igual: el debido proceso”, expresó.
Mercado sostuvo que corresponde a las autoridades comunicar los avances relacionados con la defensa de la exalcaldesa y consideró importante mantener el sigilo de las investigaciones.
Confirma investigaciones contra funcionarios de dos administraciones
En sus declaraciones, la presidenta municipal confirmó que hay más servidores públicos bajo investigación, tanto de la administración anterior como de la actual.
“Sí, sí hay más funcionarios que están siendo investigados y también hay funcionarios que están siendo investigados que participaron incluso en esta administración”, afirmó.
Explicó que la Contraloría municipal lleva las investigaciones y trabaja en coordinación con la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.
Sin embargo, no precisó cuántas personas están bajo investigación, sus nombres, las áreas involucradas ni los hechos que se revisan. Tampoco aclaró si estas indagatorias están relacionadas con el expediente que derivó en la detención de Lili Campos o si corresponden a procedimientos distintos.
Sin adelantar resultados ni responsabilidades
La declaración de Mercado confirma que las revisiones de la Contraloría abarcan a servidores públicos de distintas administraciones, pero no permite establecer por ahora el alcance de los expedientes ni si existen procedimientos penales contra las personas investigadas.
En el caso de Lili Campos, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo informó que la orden de aprehensión se relaciona con una investigación por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, por un presunto perjuicio superior a 62 millones de pesos al erario municipal.
La detención y las investigaciones en curso no constituyen por sí mismas una declaración de culpabilidad. La responsabilidad de cada persona deberá determinarse mediante los procedimientos legales correspondientes.
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