El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra 11 personas de distintas nacionalidades por orquestar desde Rusia y otros países uno de los mayores fraudes sanitarios de la historia del país, al defraudar más de 10,600 millones de dólares al programa público de salud Medicare y a aseguradoras privadas vinculadas.
Según el documento judicial fechado el 18 de junio, los acusados habrían operado una «organización transnacional» que, entre agosto de 2022 y septiembre de 2024, utilizó identidades robadas de más de un millón de estadounidenses para realizar reclamaciones falsas por equipo médico duradero que nunca fue solicitado ni entregado a los beneficiarios.
El presunto líder de la trama, Imam Nakhmatullaev, coordinaba las operaciones desde Rusia, dirigiendo a sus cómplices, entre ellos ciudadanos estonios, un checo y un estadounidense, que operaban tanto en EE. UU. como en otros países.
La red adquirió docenas de empresas acreditadas para vender equipo médico, las cuales usaron como fachada para presentar miles de millones de dólares en reclamos fraudulentos ante Medicare y aseguradoras privadas complementarias.
De acuerdo con el Departamento de Justicia, aunque el monto total de las reclamaciones fraudulentas ascendió a más de 10,600 millones de dólares, Medicare terminó pagando al menos 41 millones, y las aseguradoras privadas más de 900 millones antes de que se detectara el fraude.
Ingeniería financiera y criptomonedas para ocultar el dinero
Los fondos obtenidos de forma ilícita fueron canalizados a través de un complejo esquema de ingeniería financiera que incluía empresas fantasma, transferencias internacionales y el uso de criptomonedas. Parte del dinero fue desviado a cuentas bancarias en China, Singapur, Pakistán, Israel y Turquía, con el objetivo de ocultar su origen y dificultar su rastreo por las autoridades.
Las consecuencias del fraude no sólo se sintieron en el plano financiero: más de 400,000 usuarios de Medicare presentaron quejas por facturación indebida de equipos médicos que jamás solicitaron.
El escándalo estalla mientras el programa Medicare —que brinda cobertura a personas mayores de 65 años y personas con discapacidad— se encuentra bajo revisión en el gobierno del presidente Donald Trump, que ha endurecido las políticas de fiscalización sobre los programas sociales y los sistemas de salud pública.
Este caso podría convertirse en el mayor fraude en la historia del sistema de salud público estadounidense. Sin embargo, no es un hecho aislado. En 2019, el Departamento de Justicia descubrió un fraude similar por más de 1,000 millones de dólares mediante reclamaciones falsas por aparatos ortopédicos. En 2023, 18 personas fueron acusadas de estafar casi 500 millones de dólares en pruebas de Covid-19.
Advertencia a la infraestructura de salud y datos personales
La magnitud de este nuevo caso pone en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de salud y de datos personales ante redes de crimen organizado internacional. El uso de identidades robadas, empresas fachada y herramientas financieras digitales sofisticadas representa un reto creciente para las agencias regulatorias y de justicia de EE. UU., que ahora deberán redoblar sus mecanismos de control, supervisión e inteligencia internacional para evitar nuevos ataques al sistema.
Por el momento, los 11 acusados enfrentan cargos federales por fraude electrónico, lavado de dinero, robo de identidad agravado y conspiración internacional, delitos que podrían representar décadas en prisión en caso de ser declarados culpables.
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