La administración del presidente Donald Trump ha intensificado la desnaturalización de migrantes que obtuvieron la ciudadanía estadounidense por naturalización, despojándolos de este derecho ante condenas penales, fraudes migratorios y supuestos vínculos con pandillas o terrorismo. El caso más reciente es el de Elliot Duke, un exmilitar británico que perdió su ciudadanía tras ser condenado por posesión de pornografía infantil.
La nueva línea dura fue oficializada por el Departamento de Justicia (DOJ) mediante un memorando firmado por el fiscal general adjunto Brett Shumate. El documento instruye a la División Civil a dar prioridad a los procedimientos judiciales para revocar la ciudadanía en casos que representen una amenaza para la seguridad nacional, incluidas condenas por crímenes violentos, terrorismo, espionaje, narcotráfico o fraude al sistema de salud.
Según el DOJ, este tipo de acciones buscan frenar el uso de la ciudadanía como escudo ante delitos graves y “garantizar que el estatus legal en Estados Unidos refleje los valores fundamentales del país”.
Fraudes migratorios y condenas penales, entre los motivos más frecuentes
Las leyes de EE. UU. permiten revocar la ciudadanía obtenida por naturalización si se demuestra que se cometió fraude, se mintió en la solicitud o si el individuo fue condenado por ciertos delitos después de naturalizarse. Las razones más comunes incluyen haber falseado información sobre antecedentes penales, pertenecer a grupos criminales, o haber cometido actos de traición.
También se puede iniciar un proceso de desnaturalización si el ciudadano se alista en las fuerzas armadas de otro país, solicita una nacionalidad extranjera con intención de renunciar a la estadounidense o si ocupa cargos públicos en gobiernos extranjeros sin permiso oficial.
Desde junio pasado, cuando se formalizó el nuevo enfoque, al menos un caso ha sido confirmado por la prensa: el del británico Elliot Duke, quien adquirió la ciudadanía tras enlistarse en el Ejército estadounidense en 2012, pero fue condenado en 2014. El DOJ determinó que su crimen anulaba el valor moral exigido para conservar la nacionalidad.
Críticas por la falta de garantías y riesgos de discriminación
Diversas organizaciones civiles han criticado la política. La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal (NACDL) alertó que este mecanismo representa una amenaza a los derechos constitucionales de los migrantes naturalizados, especialmente porque permite iniciar procesos sin que se garantice la defensa legal adecuada.
Christopher Wellborn, presidente de la NACDL, señaló que la herramienta de desnaturalización “reduce la carga probatoria del gobierno” y podría usarse contra personas sin pruebas sólidas, acusándolas falsamente de vínculos con pandillas o fraudes migratorios.
“El gobierno no debería tener el poder de despojar a un ciudadano naturalizado de sus derechos sin un juicio justo y sin pruebas contundentes”, advirtió. Afirmó que el enfoque podría violar la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que garantiza la igualdad de derechos para todos los ciudadanos.
Preocupan criterios ambiguos y uso político de la desnaturalización
Aunque el memorando de Shumate menciona que la prioridad son los casos que implican amenazas graves, como terrorismo, espionaje o crímenes de guerra, no excluye otros delitos. Esto ha generado preocupación entre defensores legales, que temen una interpretación arbitraria o expansiva de la norma para perseguir políticamente a migrantes.
Expertos en derechos humanos han denunciado que el gobierno de EE. UU. no ha establecido límites claros sobre qué tipo de crímenes ameritan la pérdida de ciudadanía. Tampoco se ha garantizado que los afectados sean notificados adecuadamente o cuenten con acceso a defensa legal si no pueden pagarla.
Además, organizaciones migrantes temen que se use esta política para intimidar a comunidades latinas o musulmanas, debido al sesgo histórico en las prácticas de persecución.
A pesar de las objeciones, la política de desnaturalización sigue avanzando. El DOJ no ha revelado cuántos procesos están activos, pero fuentes citadas por The Associated Press indican que decenas de casos más podrían estar en preparación.
También te puede interesar: Marco Rubio anticipa más cartas con aranceles: EE. UU. amenaza a todos los países con nuevas tarifas comerciales
