La administración del presidente Donald Trump presentó una demanda contra la ciudad de Los Ángeles por sus políticas de «ciudad santuario», alegando que interfieren con la aplicación de leyes migratorias federales. La querella fue interpuesta en el Distrito Central de California e involucra directamente a la alcaldesa Karen Bass, al concejo municipal y a su presidente, Marqueece Harris-Dawson.
Medidas migratorias bajo fuego federal
La demanda sostiene que, tras el triunfo electoral de Trump, la ciudad aceleró los trámites para institucionalizar sus políticas de protección a migrantes. En concreto, cita la ordenanza ‘Prohibition of the Use of City Resources for Federal Immigration Enforcement’, firmada en diciembre de 2024, que prohíbe a las agencias federales usar recursos municipales para operativos migratorios.
El gobierno argumenta que esta normativa obstaculiza intencionalmente los esfuerzos federales de control migratorio.
“Al ayudar a los extranjeros sujetos a deportación a evadir la ley federal, la ordenanza ilegal y discriminatoria de la ciudad ha contribuido a un entorno anárquico e inseguro”, declaró el fiscal federal Bill Essayli en un comunicado del Departamento de Justicia.
La querella también acusa a la ciudad de impedir la colaboración entre sus funcionarios y las autoridades migratorias como ICE y CBP. Según el documento, esto constituye una forma de discriminación institucional contra agencias federales, además de una obstrucción directa a la justicia.
Tensión creciente por operativos migratorios
La demanda llega en medio de una serie de redadas migratorias que ya suman cuatro semanas en California. Las acciones federales han generado protestas intensas en varias zonas de Los Ángeles, con denuncias de violencia contra agentes federales y episodios de confrontación que, según el gobierno, han sido alentados por las autoridades locales.
Ante esta situación, Trump desplegó 4 mil soldados de la Guardia Nacional en la ciudad, sin la autorización del gobernador estatal, algo que no ocurría desde hace seis décadas. La medida fue criticada por defensores de derechos civiles y generó reacciones divididas a nivel nacional.
Desde hace años, Los Ángeles mantiene una política de no cooperación con operativos de inmigración. La llamada Orden Especial, vigente desde hace casi medio siglo, prohíbe a los agentes de la Policía de Los Ángeles iniciar contacto con personas solo para verificar su estatus migratorio.
La demanda de la Casa Blanca busca revertir ese marco, estableciendo que las autoridades locales deben permitir y facilitar la acción federal. Mientras tanto, organizaciones proinmigrantes han advertido que la judicialización de las ciudades santuario representa una ofensiva sin precedentes contra los gobiernos locales.
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