En un movimiento inédito y altamente simbólico, el gobierno del presidente Donald Trump impuso este viernes sanciones migratorias contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel, a quien acusa de “represión sistemática y crímenes de Estado” durante y después de las protestas masivas del 11 de julio de 2021 en la isla. La decisión también alcanza a miembros clave de su cúpula militar y judicial.
El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció las medidas desde el Departamento de Estado en Washington. Detalló que las restricciones se sustentan en la Sección 7031(c), que autoriza la revocación o prohibición de visados a funcionarios extranjeros involucrados en violaciones graves a los derechos humanos. “Díaz-Canel dirigió una campaña de violencia, encarcelamiento y tortura contra su propio pueblo”, sentenció Rubio.
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Los funcionarios sancionados incluyen al ministro de Defensa, Álvaro López Miera, y al titular del Interior, Lázaro Alberto Álvarez Casas, ambos señalados como responsables directos de coordinar detenciones arbitrarias, represión violenta y torturas. Además, las restricciones migratorias se extienden a sus familiares inmediatos, impidiéndoles ingresar a EE. UU.
“Hace cuatro años, miles de cubanos salieron a las calles para exigir libertad. El régimen respondió con balas, cárceles y miedo”, declaró Rubio. El gobierno también incluyó a un grupo de jueces y funcionarios penitenciarios acusados de dictar sentencias injustas o de ejecutar maltratos a los detenidos.
Uno de los casos que más indignación ha provocado en Washington es el del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), de quien se desconoce el paradero desde hace semanas. Rubio denunció públicamente en redes que el gobierno cubano lo está “torturando” y exigió “una prueba de vida inmediata”.
Sanciones económicas y cierre de puertas a los negocios del régimen
En paralelo, la Casa Blanca actualizó su lista de entidades restringidas en Cuba, añadiendo 11 hoteles operados directa o indirectamente por GAESA, el consorcio empresarial militar cubano. Entre ellos figura la torre K, nuevo complejo hotelero de 42 pisos en La Habana, que ha sido ampliamente criticado por construirse en medio del colapso económico de la isla.
Según el comunicado oficial, el objetivo es claro: “impedir que el régimen cubano se beneficie de divisas extranjeras derivadas del turismo estadounidense o de inversiones indirectas”. La medida prohíbe cualquier transacción con dichos establecimientos desde territorio estadounidense o por ciudadanos de ese país.
Bruno Rodríguez, canciller cubano, reaccionó de inmediato y desde su cuenta en X acusó a la administración Trump de “injerencia” y “guerra económica prolongada”. Sin embargo, no negó los señalamientos sobre los encarcelamientos ni el estado de salud de Ferrer.
Un 11J que sigue cobrando cuentas
Las protestas del 11 de julio de 2021 fueron las mayores desde 1959. Más de 1,400 personas fueron detenidas; al menos 700 continúan encarceladas, muchas de ellas sin juicio justo, según organizaciones de derechos humanos. Un fallecido y decenas de heridos documentados durante los operativos policiales siguen sin esclarecer.
Las medidas de Trump se inscriben en el memorando del 30 de junio, donde se establece una política más agresiva hacia el régimen cubano. Incluye la prohibición de turismo estadounidense, restricciones a remesas sospechosas de beneficiar al Estado y sanciones a transacciones financieras con estructuras militares o de inteligencia del país caribeño.
“Este es solo el comienzo”, advirtió Rubio. “No permitiremos que dictadores como Díaz-Canel queden impunes mientras oprimen, encarcelan y matan a su pueblo”.
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