La reforma al Código Penal estatal convierte al Edomex en la sexta entidad del país en reconocer el transfeminicidio como delito autónomo, con sanciones más severas cuando existan agravantes.
Una medida histórica para la justicia de la diversidad sexogenérica
El Congreso del Estado de México aprobó por mayoría la tipificación del transfeminicidio como delito, con penas que pueden alcanzar hasta 93 años y cuatro meses de prisión. La iniciativa, presentada por la diputade Luisa Esmeralda Navarro Hernández, de Morena, busca visibilizar los crímenes de odio contra mujeres trans y personas cuya identidad o expresión de género sea femenina, además de fortalecer el acceso a la justicia.
La reforma al Código Penal estatal incorpora una definición precisa del delito: el acto de privar de la vida a una mujer trans o a una persona reconocida como mujer por su identidad o expresión de género, cuando el motivo del crimen esté vinculado a dicha condición. La modificación también considera estadísticas del Inegi, que estiman entre 85 mil y 170 mil personas trans en la entidad, y reconoce la urgencia de combatir los ataques motivados por odio y discriminación.
El dictamen aprobado establece sanciones que van de 40 a 70 años de prisión y de 700 a 5 mil días multa. Estas penas podrán aumentar hasta en un tercio —es decir, a un máximo de 93 años y cuatro meses de cárcel y hasta 6 mil 666 días multa— si la víctima es menor de edad o si el responsable es un servidor público que abuse de su cargo.
Durante la sesión, Navarro subrayó que “tipificar el transfeminicidio no sólo nombra una realidad, sino que compromete a combatir la impunidad que por años nos negaron nuestra existencia”.
Agravantes, reconocimiento legal y sanciones ejemplares
El Congreso local precisó que se considerarán razones de identidad o expresión de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual, mutilaciones, lesiones degradantes o actos de necrofilia. También se contemplan antecedentes de violencia familiar, institucional o comunitaria ejercida por el agresor, así como vínculos de parentesco, relaciones sentimentales o laborales.
Entre las agravantes figuran además la exposición del cuerpo en lugares públicos, la difusión del delito mediante redes sociales o medios digitales y la evidencia de ensañamiento vinculado con la identidad o expresión de género de la víctima.
En los casos aplicables, el responsable perderá sus derechos civiles y familiares respecto a la víctima, incluidos los derechos sucesorios.
La diputade Navarro destacó el apoyo de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez y del presidente de la Junta de Coordinación Política, José Francisco Vázquez Rodríguez, quienes respaldaron la aprobación del dictamen. Con esta decisión, el Estado de México se convierte en la sexta entidad del país en tipificar el transfeminicidio, siguiendo el ejemplo de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Jalisco y Ciudad de México.
Un avance contra la impunidad estructural
El texto legislativo detalla que en 2020 se documentaron al menos 16 asesinatos de personas trans en la entidad. Los legisladores coincidieron en que la falta de reconocimiento legal había impedido sancionar adecuadamente los crímenes de odio.
Las diputadas Paola Jiménez Hernández, Zaira Cedillo Silva, Selina Trujillo Arizmendi e Itzel Daniela Ballesteros Lule, junto con los diputados Edgar Samuel Ríos Moreno, Román Francisco Cortés Lugo y Octavio Martínez Vargas, respaldaron la reforma. Desde el PT, la legisladora Yareli Anai Esparza Acevedo se sumó al consenso al afirmar que “este avance es una deuda saldada con quienes fueron silenciadas por la violencia y la indiferencia del Estado”.
El Congreso mexiquense destacó que el reconocimiento del transfeminicidio permitirá generar registros estadísticos diferenciados, impulsar políticas públicas de prevención y garantizar que las víctimas y sus familias accedan a una justicia efectiva y no revictimizante.
La aprobación marca un hito en la agenda legislativa del país, donde la violencia contra la comunidad trans continúa siendo una de las más invisibilizadas y con mayores índices de impunidad.
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