El caso que sacudió a Uruapan volvió a moverse esta semana. Dos jóvenes presuntamente involucrados en el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo fueron encontrados sin vida, según confirmó el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla. La revelación añadió presión a una investigación ya marcada por dudas, violencia y un creciente descontento social. El mandatario afirmó que la información entregada por la Fiscalía estatal es “fidedigna”, lo que no calmó las interrogantes sobre el manejo del caso y el contexto criminal que rodea a la región.
La muerte de estos dos señalados se suma a la del primer atacante, Miguel Ángel Ubaldo Vidales, de 17 años, abatido después de disparar contra el alcalde el pasado 1 de noviembre, durante un evento por el Día de Muertos. Los hechos han encendido nuevas exigencias de claridad, mientras Michoacán intenta entender por qué todos los presuntos involucrados terminaron muertos en menos de dos semanas.
Hallazgos en carretera y nuevas dudas
Los cuerpos de los dos jóvenes, uno de ellos presuntamente de 16 años, fueron localizados el lunes sobre la carretera Uruapan‑Paracho. Las autoridades señalaron que ambos habrían acompañado a Ubaldo Vidales durante el ataque contra el alcalde. “Participaron otras dos personas que acompañaban al homicida, y estas personas son los dos que aparecieron en Capácuaro muertos”, declaró Ramírez Bedolla.
El mensaje fue directo, pero dejó un vacío: ¿quién los mató y por qué? Las autoridades no ofrecieron detalles sobre las condiciones en las que fueron encontrados, ni sobre líneas claras de responsabilidad, lo que abrió paso a un debate público marcado por sospechas y preguntas incómodas.
El gobernador insistió en que la información fue “revisada” y “compartida” con Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aun así, las declaraciones no despejaron dudas sobre un posible patrón: todos los presuntos involucrados murieron antes de declarar formalmente ante un juez. Las voces críticas se multiplicaron, pues la falta de testimonios directos complica reconstruir el ataque, sus motivaciones y la estructura que lo respaldó.
Investigación bajo presión
El caso sigue bajo múltiples líneas de investigación. Entre ellas, destaca un punto que ha generado polémica desde el inicio: el abatimiento de Ubaldo Vidales después de haber sido sometido. “El homicida lo detienen y momentos después hay un forcejeo y hay un solo disparo que abate al homicida”, explicó el gobernador. Sin embargo, ese relato no convenció a todos. Algunos sectores exigieron una revisión exhaustiva de los protocolos de actuación, y otros pidieron que se transparente si hubo fallas operativas, uso excesivo de la fuerza o encubrimiento.
La muerte de los otros dos presuntos implicados añadió otra capa de complejidad. Ahora la Fiscalía estatal deberá no solo explicar el ataque, sino también aclarar cómo murieron quienes podrían haber aportado información clave para entender los motivos detrás del crimen. La presión crece en una región donde la actividad de grupos criminales condiciona cada investigación, cada anuncio y cada lectura pública.
Un equipo de seguridad en la mira
El comportamiento de los escoltas y del equipo de seguridad del alcalde también forma parte del expediente. Varios sectores cuestionaron si la protección que acompañaba a Manzo actuó con la rapidez y eficacia necesarias. Otros señalaron fallas previas en los protocolos que pudieron haber evitado el ataque, mientras que una parte de la ciudadanía exigió evaluar si existía información previa que no se atendió a tiempo.
Uruapan enfrenta un escenario convulso. Este caso no solo involucra un ataque directo contra un presidente municipal, sino una sucesión de muertes que dejaron a la Fiscalía sin testigos clave y a la población con más dudas que certezas. La presión social y política para que se esclarezca lo ocurrido es cada vez mayor, y el gobierno estatal está obligado a entregar respuestas contundentes y verificables.
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