A tan solo cuatro meses de concluir su mandato, el expresidente Enrique Peña Nieto autorizó, a través de la Secretaría de Gobernación (Segob), un contrato por 4.2 millones de dólares a la empresa Air Cap SA de CV, vinculada al empresario israelí Uri Ansbacher, quien ha sido investigado por presuntamente sobornar al exmandatario con 25 millones de dólares a cambio de vender al gobierno mexicano el software espía Pegasus.
La revelación fue hecha por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), con base en documentos oficiales, como parte de una nueva investigación firmada por las periodistas Valeria Durán y Vanessa Cisneros. El contrato fue asignado el 31 de julio de 2018, en plena transición gubernamental, cuando Andrés Manuel López Obrador ya había sido electo presidente.
Una empresa fantasma en el centro del espionaje
Air Cap, según MCCI, fue utilizada como empresa fachada por Ansbacher para triangular la venta del malware Pegasus a diversas dependencias del Estado mexicano. Esta empresa acumuló asignaciones por casi 1,000 millones de pesos entre 2017 y 2020, durante el gobierno federal de Peña Nieto y la administración de Alfredo del Mazo en el Estado de México.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) declaró a Air Cap como empresa fantasma el 28 de abril de 2025, al determinar que carecía de activos, personal e infraestructura para realizar las actividades por las que emitía facturas. Según MCCI, el contrato otorgado en 2018 siguió siendo pagado por la administración de López Obrador hasta 2020.
Pegasus y la red de empresas fachada
La investigación retoma además los hallazgos del Pegasus Project, la investigación internacional que desde 2021 documentó el uso del malware espía por parte de diversos gobiernos para vigilar a activistas, periodistas y opositores. En ese informe se señaló que Air Cap era una de las 18 empresas creadas por Ansbacher en México mediante prestanombres, con el propósito de vender software de espionaje a instituciones federales y estatales.
“La evidencia muestra que Air Cap siguió teniendo contacto con el nuevo gobierno federal en sus primeros dos años. Entre 2019 y 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) le envió al menos cuatro oficios de invitación para cotizar servicios”, destaca la investigación.
“Estas invitaciones se suspendieron tras las revelaciones periodísticas de 2021 que involucraron a la empresa en el escándalo Pegasus”.
Sombra de corrupción y espionaje
El caso refuerza las denuncias de uso político y represivo del software espía Pegasus durante el sexenio de Peña Nieto, en el que se documentó la vigilancia a periodistas, defensores de derechos humanos y figuras de la oposición. El contrato con Air Cap, suscrito en las últimas semanas de su gobierno, suma un nuevo indicio de presuntas irregularidades y corrupción, con posibles implicaciones legales a futuro.
Hasta el momento, el empresario Uri Ansbacher sigue bajo investigación, y enfrenta señalamientos por evasión fiscal, lavado de dinero y desvío de recursos públicos. En tanto, el expresidente Peña Nieto, que reside en España, no ha emitido declaraciones públicas respecto a esta nueva revelación.
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