Este sábado 15 de noviembre, la llamada marcha de la Generación Z en la Ciudad de México derivó en enfrentamientos violentos entre manifestantes encapuchados y policías. La movilización comenzó en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Zócalo Capitalino, reuniendo a miles de personas, muchas de las cuales no pertenecían a la generación que da nombre al evento.
A pesar de que la marcha estaba planeada como pacífica, el grupo conocido como Bloque Negro derribó vallas de seguridad alrededor de Palacio Nacional y atacó a uniformados, provocando lesiones a más de 100 policías y al menos 20 civiles, mientras 40 personas fueron detenidas.
Bloque Negro y antecedentes de violencia en manifestaciones
El Bloque Negro es reconocido por su participación violenta en protestas. Durante la marcha del 2 de octubre, conmemorativa de la Matanza de Tlatelolco, este grupo dejó más de 100 policías lesionados. En la jornada del 15 de noviembre, los encapuchados agredieron a hombres y mujeres de la SSC mientras derribaba vallas metálicas que resguardaban la sede del Ejecutivo. Las autoridades reforzaron la seguridad y atendieron a los heridos en el lugar, pero el enfrentamiento dejó un saldo de tensión y alarma entre los presentes.
Las autoridades habían insistido en mantener la manifestación pacífica. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, señaló que el país respeta la libertad de expresión y de reunión, pero que estas movilizaciones deben realizarse sin recurrir a la violencia. “México es un país libre, estamos de acuerdo en la libertad de manifestación… siempre buscamos que sea de manera pacífica, que no haya actos de violencia”, enfatizó.
Análisis de la convocatoria y financiamiento
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que la organización de la marcha estuvo influida por cuentas de redes sociales creadas o reactivadas recientemente desde otros países. Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia, presentó un análisis en el que se señaló que estas cuentas, aunque se definían como “apartidistas”, interactuaban con perfiles vinculados a partidos políticos de derecha. Según la mandataria, se habrían invertido alrededor de 90 millones de pesos en la promoción digital de la movilización, un financiamiento que distorsionó la participación juvenil y el carácter de la marcha.
Pese a la alta expectativa de asistencia de jóvenes de la Generación Z, la mayoría de los participantes eran de otras generaciones, lo que refuerza la hipótesis de manipulación digital y financiamiento externo para promover la movilización. La presidenta insistió en la necesidad de que la sociedad conozca cómo se construyó la convocatoria y quiénes la promovieron.
Repercusiones y medidas de seguridad
Tras los enfrentamientos, la SSC reforzó la vigilancia en Palacio Nacional y zonas aledañas. Las autoridades anunciaron que continuarán investigando a los responsables de las agresiones y de la organización de la movilización. Se busca deslindar responsabilidades y garantizar que futuras protestas se realicen dentro de los límites de la ley.
Por su parte, ciudadanos y colectivos que participaron de manera pacífica lamentaron que los actos violentos empañaran la protesta y pusieran en riesgo la seguridad de los asistentes. Las organizaciones defensoras de derechos humanos recordaron que cualquier uso excesivo de fuerza debe ser documentado, pero también destacaron la importancia de separar la violencia organizada del derecho a la libre expresión.
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