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    La deuda ambiental de México: proteger sin invertir no salva la biodiversidad

    El compromiso de conservar el 30% del territorio para 2030 se tambalea en México. Aunque el país se declara aliado de la naturaleza en foros internacionales, la realidad revela una brecha peligrosa entre el discurso y la acción. La Meta 30×30, parte del acuerdo Kunming-Montreal, exige más que decretos: demanda recursos, liderazgo político y una visión de largo plazo.

    El desafío no es técnico, es político y financiero

    Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México son el corazón de su biodiversidad. Sin embargo, apenas el 14.3% del territorio terrestre y menos del 24% del mar están bajo protección efectiva. Alcanzar el 30% no solo implica trazar más líneas en el mapa, sino sostenerlas con presupuestos y gobernanza sólida.

    El rezago es preocupante. Según Global Forest Watch, el país perdió casi cinco millones de hectáreas de bosque en veinte años. Cada árbol perdido agrava la crisis hídrica y climática: el 42% de los acuíferos están sobreexplotados y la disponibilidad de agua por persona cayó 80% desde 1950. Los ecosistemas se degradan más rápido de lo que se restauran, mientras los fondos públicos apenas alcanzan para mantener lo existente.

    México invierte menos del 1% de su gasto público en medio ambiente, una cifra insignificante frente al costo de la degradación, que equivale a 4.6% del PIB. La CONANP opera con presupuesto limitado, dependiente de cooperación internacional y donaciones privadas. “El reto no es técnico, sino político”, coinciden los especialistas. Sin estabilidad financiera, el 30×30 corre el riesgo de quedarse en papel.

    Financiar la naturaleza, no solo protegerla

    La conservación no puede sostenerse con fondos inciertos. Modelos como los Proyectos de Financiamiento para la Permanencia (PFP), aplicados en Colombia, demuestran que es posible asegurar recursos a largo plazo si existe una estrategia clara. En México, este tipo de esquemas podría garantizar que cada ANP cuente con vigilancia, manejo y restauración constante, más allá del sexenio.

    El país ya tiene una Hoja de Ruta hacia el 30×30, construida con participación social. Pero sin voluntad política, será solo un documento más. Para lograr impacto real, se necesitan presupuestos vinculados a resultados, colaboración con comunidades locales y alianzas entre sectores público y privado. Las ANP no deben ser islas aisladas, sino parte de un entramado que conecte ecosistemas y regiones.

    Conservar también el otro 70%

    El 30×30 no basta si el resto del territorio sigue degradándose. La fragmentación del suelo, la urbanización sin control y la expansión agrícola destruyen corredores ecológicos esenciales. La verdadera meta debe incluir prácticas sostenibles en el campo, planificación urbana con sentido ecológico y educación ambiental constante.

    La experiencia lo demuestra: comunidades indígenas y rurales, cuando son reconocidas y beneficiadas, protegen mejor que cualquier decreto. Ejemplos como la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca evidencian que la conservación es viable cuando se alinea con el bienestar local.

    Última llamada antes del colapso

    2030 está a la vuelta de la esquina. Si México no actúa hoy, perderá mucho más que especies: perderá la base natural que sostiene su economía y su salud. El 30×30 no es una meta simbólica; es la frontera mínima para asegurar un futuro habitable.

    El desafío exige decisiones valientes. Invertir en naturaleza no es un lujo, es una estrategia de supervivencia nacional. La pregunta ya no es si podemos hacerlo, sino si tendremos la voluntad de hacerlo antes de que sea demasiado tarde.

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