Un tribunal federal de Miami, Florida, dictó este miércoles 20 de mayo de 2026 una sentencia favorable al Estado mexicano por 578.5 millones de dólares en un caso civil relacionado con el esquema de corrupción del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. La resolución obliga a integrantes de la familia Weinberg y a varias empresas relacionadas a pagar esa cantidad como reparación del daño patrimonial ocasionado al erario mexicano.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) confirmaron que el fallo forma parte de la estrategia para recuperar activos desviados a través de contratos públicos irregulares durante la administración pasada.
La sentencia y sus alcances
El tribunal comprobó la participación de personas físicas y morales en la obtención indebida de contratos públicos y el posterior ocultamiento y transferencia de recursos. La resolución forma parte de un acuerdo formal donde los condenados deberán entregar activos identificados en múltiples jurisdicciones para su liquidación y aplicación al pago de la deuda pública.
Esta es la segunda gran sentencia favorable a México en litigios civiles en Estados Unidos relacionados con la red de García Luna. En mayo de 2025, otro tribunal condenó al propio García Luna y a su esposa a pagar más de 2,448 millones de dólares. Con este nuevo fallo, el monto total recuperado supera los 3,026 millones de dólares.
Antecedentes del caso
Genaro García Luna fue condenado en 2024 en Nueva York a 38 años de prisión por recibir millones de dólares en sobornos del Cártel de Sinaloa a cambio de protección. Desde entonces, el gobierno mexicano ha impulsado acciones civiles en Estados Unidos para recuperar los recursos desviados mediante contratos de seguridad pública durante su gestión como secretario de Seguridad (2006-2012).
La familia Weinberg fue identificada como prestanombres y socios en el esquema de lavado y ocultamiento de recursos.
Recuperación de activos públicos desviados por corrupción
Esta sentencia representa una victoria importante para México en la recuperación de recursos públicos desviados por corrupción. Aunque el dinero aún no ha sido recibido (se debe ejecutar la sentencia y localizar activos), envía un mensaje claro: los actos de corrupción no quedarán impunes y el Estado buscará recuperar lo que se robó.
El gobierno federal continuará litigando en Estados Unidos para recuperar más activos. La sentencia abre la puerta a nuevas acciones contra otras personas y empresas vinculadas al mismo esquema.
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