Un video difundido el pasado miércoles 20 de mayo de 2026 en redes sociales generó fuerte indignación al mostrar presuntos actos de tortura cometidos por elementos de la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En las imágenes aparece Pablo Enrique Reyes Custodio, comandante regional de la Policía de Investigación e Inteligencia Ministerial de Combate a Robo de Vehículos, junto con otros agentes, colocando bolsas de plástico en la cabeza de dos hombres detenidos, provocando asfixia.
Lo que muestra el video
En uno de los fragmentos, Reyes Custodio aparece interrogando a un hombre mientras le cubre la cabeza con una bolsa negra. En otro momento, se observa cómo los agentes repiten la acción con una segunda persona, quitando y colocando la bolsa mientras las víctimas muestran dificultad para respirar. Los uniformados, entre los que hay policías estatales y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, aparecen riendo en algunos momentos.
Los hechos habrían ocurrido en la colonia Terán de Tuxtla Gutiérrez.
Reacción inmediata de las autoridades
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a la Fiscalía General del Estado actuar de inmediato contra los responsables. “He solicitado al fiscal Jorge Luis Llaven Abarca que actúe de manera inmediata”, escribió en sus redes sociales.
La Fiscalía General del Estado confirmó el inicio de una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado sobre detenciones de los involucrados.
Se suman otras denuncias
Pablo Enrique Reyes Custodio es un mando medio de la Policía Ministerial especializado en combate al robo de vehículos. Su aparición en el video ha generado demandas de organizaciones de derechos humanos para que sea separado del cargo y procesado.
Este caso se suma a otras denuncias de presuntos abusos por parte de corporaciones de seguridad en Chiapas, un estado que enfrenta altos índices de violencia y disputas territoriales entre grupos criminales.
La tortura es un delito grave prohibido por la Constitución y tratados internacionales. Casos como este erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones de seguridad y justicia.
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