l hallazgo de más de 1,600 indicios en el rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, ha destapado no solo la magnitud de los crímenes cometidos por el crimen organizado en esa región, sino también una red estructural y nacional de violencia que involucra desapariciones forzadas, reclutamiento de personas, exterminio, incineración de cuerpos y ocultamiento de restos humanos.
Especialistas como Alejandra Guillén González, del Centro Universitario de Incidencia Social del ITESO, y periodistas como Marcela Turati, autora de San Fernando: Última parada, coinciden en que sitios como el rancho Izaguirre son apenas eslabones visibles de cadenas de crueldad que atraviesan el país. La operación de estas “infraestructuras del terror” —como casas de seguridad, campos de adiestramiento, sitios de exterminio y fosas clandestinas— es posible gracias a un complejo entramado de complicidades entre grupos criminales, autoridades locales y sectores del poder político y económico.
Un modelo sistemático de violencia: del cautiverio al exterminio
El caso del rancho Izaguirre no es aislado. En Jalisco, este patrón ha sido identificado desde hace más de una década. En 2012, 18 jóvenes escaparon de una casa de seguridad en Ahuisculco, municipio de Tala, donde operaba el Cártel del Milenio-Zetas. Deambulaban por las calles golpeados, deshidratados y sucios. Los testimonios de estos sobrevivientes permitieron a las autoridades localizar, tiempo después, vehículos con cuerpos que serían exhibidos públicamente.
En 2017, la Fiscalía del estado localizó campamentos de adiestramiento para aspirantes a sicarios en Ixtlahuacán del Río. Allí se encontraban hombres reportados como desaparecidos, incluidos jornaleros, lavacarros, exmilitares, migrantes centroamericanos y jóvenes en situación de vulnerabilidad. Eran captados bajo engaños, reclutados por la fuerza o incluso seducidos por promesas económicas.
Estos campos de adiestramiento y exterminio no son improvisados, advierte Guillén González. “Tienen una infraestructura impresionante, como si fueran departamentos de desaparición o reclutamiento que forman parte de una cadena muy grande y que requiere recursos importantes para sostenerse”.
Marcela Turati sostiene que estas redes no podrían operar sin la complicidad o el desinterés de las autoridades. “Lo que vemos es la cadena visible: el sicario, el campamento, pero no al empresario que financia, al político que calla, al sistema que los deja operar”. Apunta también a la transnacionalidad del fenómeno, como en los casos de retenes carreteros en Tamaulipas donde criminales seleccionaban a jóvenes con perfiles específicos para reclutarlos o desaparecerlos.
Por su parte, Tania del Río, promotora de paz y autora del libro Rastreadoras, subraya que este fenómeno no es nuevo, pero se ha intensificado. «Durante el sexenio de Felipe Calderón, los cárteles se podían contar con los dedos de una mano; hoy no alcanzan los de ambas. Han expandido su control territorial y diversificado sus actividades criminales”.
Una guerra que borra a sus víctimas
Una de las mayores preocupaciones compartidas por activistas, académicos y familiares de desaparecidos es que el modelo actual del crimen organizado no se limita a matar: busca desaparecer. Ya no se trata solo de enviar mensajes de poder a través de la violencia pública —como colgar cuerpos en puentes— sino de ocultar todo rastro, desde los restos óseos hasta la identidad de las víctimas. “Ya no buscan solo matar, sino borrar, destruir el alma, deshumanizar”, advierte Guillén.
En ese contexto, Guadalupe Aguilar, fundadora de FUNDEJ, recuerda que la desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, no un fenómeno social. “Lo que estamos viendo es un holocausto. Y este horror tiene que obligar al Estado a actuar”.
Aunque muchas víctimas son desaparecidas por la fuerza, los especialistas advierten que algunas personas llegan voluntariamente a estos campamentos atraídas por promesas económicas o por la influencia cultural del narco. “Los corridos tumbados, las redes sociales, las series, todo te dice que hay otra vida posible. Y para muchos jóvenes en contextos de marginación, el crimen organizado se convierte en un camino para sobrevivir”, reflexiona Turati.
Para Del Río, esto representa un fallo estructural: “Como sociedad, les fallamos. No les dimos oportunidades. Querían salir de la desigualdad. Y terminaron en manos del crimen”.
Las víctimas no son números: la búsqueda debe continuar
Guillén insiste en que los desaparecidos no deben ser asumidos como muertos. “Muchos están vivos. Algunos fueron reclutados, otros sobrevivieron. Tenemos que exigir que se les busque con vida”.
Por eso, el caso del rancho Izaguirre no debe perderse en el silencio. Las autoridades deben realizar investigaciones profundas, identificar restos, esclarecer los crímenes y rendir cuentas, no solo remover evidencias.
“Este es un momento clave —afirma—. La atención pública puede traducirse en presión social y eso, en políticas efectivas. Pero no podemos permitir que esto quede como un caso más. Es la oportunidad de decir: ya basta”.
La realidad es contundente: en México hay más de 110 mil personas desaparecidas. Y detrás de cada cifra hay un rostro, una historia, una familia buscando. Como dice Tania del Río: “Los que buscan son los verdaderos héroes. Ellos hacen el trabajo que debería estar haciendo el gobierno. Son muchos los que faltan. Son ausencias que duelen. Y son esas ausencias las que deben empujarnos a actuar”.
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