En una operación conjunta entre la Fiscalía General del Estado (FGE) de Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (Semar) y la FGE de Veracruz, se logró la detención de Alejandro «N»., alias El Rayo, en el puerto de Veracruz. Se le identifica como uno de los responsables del homicidio del secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Tulum, José Roberto Bautista Rodríguez.
El fiscal general de Quintana Roo, Raciel López Salazar, confirmó dicha detención esta mañana en conferencia del Gabinete de Seguridad. Explicó que, tras cometer el crimen, Alejandro «N» huyó a Tamaulipas y luego se trasladó a Veracruz, donde lo capturaron con el apoyo de la FGE local. Posteriormente, fue trasladado a Cancún y presentado ante el Ministerio Público.
López Salazar detalló que las investigaciones revelaron que el homicidio fue ordenado por un líder criminal de Tamaulipas. El motivo se debe a la labor del secretario como policía investigador y su participación en un cateo en Colima, cerca de la frontera con Jalisco. Además, se vincula al detenido con más de 100 ejecuciones en el norte del país.
Detalles del crimen
Antes de cometer el asesinato, los responsables realizaron una vigilancia detallada durante al menos cinco meses. Analizaron los movimientos del secretario, sus escoltas, eventos públicos y vehículos. Incluso, intentaron atentar contra su vida en seis ocasiones previas. Para ejecutar el crimen, Alejandro «N» se asoció con ocho sicarios provenientes del Estado de México y Veracruz, quienes seguían al secretario y obtenían información a través de redes sociales.
El día del ataque, utilizaron un fusil M4 calibre 5.56 y una pistola calibre .40. Se confirmó que uno de los sicarios abatidos en el lugar era guatemalteco. Apodado El Chaparro, El Kaibil o El Guatemalteco, era conocido por su perfil sanguinario y fue quien ejecutó al funcionario municipal el día de la agresión.
“Estamos desplegando toda nuestra estrategia operativa e inteligencia a través del Grupo Interinstitucional para la Construcción de la Paz, tanto a nivel estatal como nacional, con el objetivo de localizar y detener a los demás responsables. En Quintana Roo, quien cometa un delito de esta naturaleza enfrentará las consecuencias, siendo procesado y condenado con la pena máxima de 50 años de prisión”, concluyó el fiscal.
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