Una empresa mexicana señalada por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero a favor del Cártel de Sinaloa tuvo vínculos con al menos dos gobiernos estatales en México. Se trata de Grupo Zipfel de México S.A. de C.V., una compañía recientemente incluida en la lista de entidades sancionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense.
Documentos oficiales revelan que esta empresa sostuvo contratos públicos con el municipio de Gómez Palacio, en Durango, y fue objeto de solicitudes de información en el estado de Tlaxcala. Ambos registros evidencian que la firma operó sin restricciones dentro de la administración pública mexicana antes de que su presunto vínculo con el crimen organizado fuera expuesto.
La sanción contra Grupo Zipfel se hizo oficial el 31 de marzo de 2025, luego de una investigación coordinada entre varias agencias estadounidenses: la Fiscalía del Distrito Sur de California, la Administración para el Control de Drogas (DEA), el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Departamento de Seguridad Nacional (HSI), en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
La OFAC señaló que la compañía forma parte de una red financiera encabezada por Alberto David Benguiat Jiménez, presunto operador del Cártel de Sinaloa. Contra él pesa una acusación formal por conspiración para lavar instrumentos monetarios. Se calcula que este entramado habría movilizado más de 50 millones de dólares producto del narcotráfico entre ambos países.
Señalamientos desde antes de la sanción
En Tlaxcala, Grupo Zipfel fue objeto de solicitudes de información desde 2023. Aunque las autoridades locales no detallaron el tipo de servicios prestados ni los montos involucrados, fuentes extraoficiales indicaron que la firma ofrecía servicios de tecnología y equipamiento para áreas de seguridad pública.
Por su parte, el gobierno municipal de Gómez Palacio, Durango, confirmó que hubo facturación con la empresa. Sin embargo, no se especificó si se trató de un contrato único o varios acuerdos. Ante los señalamientos, no se ha informado si las autoridades locales han iniciado alguna revisión de los contratos previos a la sanción estadounidense.
La UIF no ha emitido un comunicado específico sobre el caso, pero su colaboración en la investigación internacional sugiere que tenía conocimiento del funcionamiento de esta red antes de la inclusión de la empresa en la lista de sancionados.
La inclusión en la lista de la OFAC implica que todas las propiedades e intereses en propiedades de Grupo Zipfel bajo jurisdicción estadounidense quedan bloqueados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas de ese país realizar cualquier transacción con dicha compañía.
Estados Unidos ha señalado en múltiples ocasiones al Cártel de Sinaloa como una de las organizaciones criminales transnacionales más poderosas y con mayor alcance en el hemisferio occidental. La red financiera expuesta ahora refuerza la sospecha de que estas organizaciones mantienen nexos con empresas aparentemente legales para lavar recursos obtenidos ilícitamente.
Cabe recordar que este no es el primer caso de empresas mexicanas sancionadas por lavar dinero para grupos delictivos. En 2015, las autoridades estadounidenses sancionaron a varias compañías ligadas a Raúl Flores Hernández, alias «El Tío», también por lavado de dinero a favor de cárteles.
En ese contexto, el caso de Grupo Zipfel de México reabre el debate sobre los mecanismos de control y vigilancia en las contrataciones públicas. Expertos han señalado que la falta de filtros rigurosos facilita la infiltración del crimen organizado en los procesos de adjudicación de contratos.
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