Han pasado cinco años desde la última ejecución de un ciudadano mexicano en Estados Unidos. Se trata de Abel Revilla Ochoa, quien fue condenado a la pena de muerte por asesinar a cinco miembros de su familia y ejecutado con una inyección letal en Texas. Su caso generó fuertes reacciones diplomáticas y reavivó el debate sobre la pena capital.
Un crimen brutal que marcó un precedente
El 4 de agosto de 2002, en su casa de Dallas, Texas, Abel Revilla Ochoa disparó contra su esposa Cecilia, sus hijas Crystal (7 años) y Anahi (9 meses), su suegro Bartolo y su cuñada Jaqueline. Una segunda cuñada, Alma, resultó herida, pero logró escapar y pedir ayuda. Minutos después, Ochoa fue arrestado mientras intentaba retirar dinero con la tarjeta bancaria de su esposa.
Durante el juicio se reveló que Ochoa, originario de Durango, tenía una larga lucha contra el crack. Tras una abstinencia de diez días, su esposa le permitió consumir nuevamente para calmar los síntomas de abstinencia. Poco después de fumar, entró en un estado de agresividad incontrolable.
Primero disparó a su esposa y, luego, a Jaqueline, quien cargaba a la bebé Anahi. La pequeña murió por los disparos. Luego asesinó a su suegro, que estaba en silla de ruedas, e hirió a Alma. Cuando el arma se quedó sin balas, regresó a su habitación para recargarla. Al volver, encontró a su hija Crystal intentando huir y le disparó por la espalda.
El juicio y la sentencia capital
En 2003, un jurado lo condenó a muerte. Su defensa argumentó que actuó bajo un “delirio inducido por cocaína” y que no era consciente de sus acciones. Sin embargo, la brutalidad del crimen y la secuencia de los hechos llevaron al jurado a optar por la pena máxima.
Durante 17 años permaneció en el corredor de la muerte. El 6 de febrero de 2020, a las 18:48 horas, fue declarado muerto tras recibir una inyección letal de pentobarbital.
Reacciones oficiales de México
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su rechazo absoluto a la pena de muerte y pidió a Texas que conmutara la sentencia. El Consulado de México en Houston, aunque Ochoa ya era ciudadano estadounidense y no había solicitado asistencia consular, envió una carta de clemencia a la Junta de Perdones y Libertad Condicional del estado.
México, país que prohíbe la pena capital en su Constitución y es parte de tratados internacionales que promueven su abolición, reiteró su oposición a estas prácticas. Las gestiones diplomáticas, aunque firmes, no evitaron la ejecución del mexicano.
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