El funcionario presentó su renuncia el 5 de noviembre, después de permanecer seis meses con licencia. La acusación de Estados Unidos lo señala de presuntamente recibir sobornos y proporcionar protección e información a la facción del Cártel de Sinaloa.
La salida de Dámaso Castro Zaavedra de la Vicefiscalía General de Sinaloa quedó formalizada el 5 de noviembre, después de seis meses separado de sus funciones por una licencia sin goce de sueldo. Su renuncia ocurre mientras enfrenta señalamientos de autoridades estadounidenses por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa.
La fiscal general del estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, confirmó que Castro presentó su dimisión en esa fecha. Explicó que, desde que el funcionario solicitó licencia el 5 de mayo, la Vicefiscalía quedó bajo la responsabilidad de un encargado de despacho.
La separación temporal se produjo después de que el nombre del entonces vicefiscal apareciera en una acusación presentada ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, en la que también fueron señalados otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.
Estados Unidos lo acusa de proteger a Los Chapitos
El expediente estadounidense atribuye a Castro Zaavedra una presunta participación en una asociación delictuosa con integrantes de Los Chapitos para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y proporcionar protección desde las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
De acuerdo con la acusación, el entonces vicefiscal habría recibido pagos mensuales de aproximadamente 200 mil pesos, equivalentes a unos 11 mil dólares, desde al menos 2021 y hasta septiembre de 2024.
Los fiscales estadounidenses sostienen que esos recursos se entregaban a cambio de evitar detenciones de integrantes de la organización y limitar las acciones policiales contra esa facción, concentrando los arrestos en grupos rivales.
El documento también señala que el funcionario presuntamente filtraba información anticipada sobre cateos y operativos, incluidas acciones respaldadas por autoridades estadounidenses contra laboratorios clandestinos. Según la acusación, esas advertencias habrían permitido a integrantes del grupo criminal retirar cargamentos, desmantelar instalaciones y evadir las intervenciones.
Entre los cargos atribuidos a Castro figuran conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como delitos relacionados con la posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.
Estos señalamientos forman parte de una acusación judicial estadounidense y no deben confundirse con una sentencia condenatoria.
La acusación alcanza a otros funcionarios de Sinaloa
El caso presentado por el Distrito Sur de Nueva York incluye a diez funcionarios y exfuncionarios sinaloenses. Entre los nombres mencionados están el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázares, el exsecretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.
La investigación estadounidense plantea presuntos vínculos entre integrantes de la estructura gubernamental y Los Chapitos, mediante pagos, protección institucional e intercambio de información sobre operaciones de seguridad.
La renuncia de Castro resuelve su situación administrativa dentro de la Fiscalía estatal, pero no determina por sí misma el resultado de los señalamientos penales que enfrenta en Estados Unidos.
Por ahora, la Vicefiscalía continúa operando con un encargado de despacho, designado desde que Castro solicitó la licencia en mayo. La fiscal estatal no anunció, en las declaraciones difundidas, un nombramiento definitivo para ocupar la titularidad.
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